Desde este espacio comunitario de formación y asistencia a los vecinos y vecinas del barrio apelaron al más común de los sentidos: ¿Quién se va a oponer a que el Estado intervenga sobre un sector de la ciudad para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y brindarle una vivienda digna? Sin embargo, en todo proyecto de relocalización y urbanización parecen quedan asuntos que se escapan y eso es lo que genera que hoy, a poco de comenzar la mudanza, los vecinos tengan una mirada agridulce de lo que asoma como un proyecto más que promisorio. La revalorización del suelo y el reclamo por la registración dominial de aquellos y aquellas que defienden el lugar en el que habitan sigue siendo en eje del conflicto.
"Cuando nos enteramos del proyecto en 2018, en aquel momento le manifestamos al Frente Progresista (quien gobernó hasta 2019) que habían empezado al revés, es decir, armaron el proyecto y después se lo comunicaron a los vecinos y vecinas. Nosotros, en cambio, pensamos que primero tendrían que haber hablado con los vecinos y tener asambleas como nosotros hicimos en los clubes Arizona y Unión y Fuerza y desde ahí tener una visión para encarar el proyecto", expuso Ríos en diálogo con La Capital.
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Reconversión. Se prevé que la inyección de fondos permitirá modificar una amplia zona del entorno de La Siberia.
Marcelo Bustamante
En ese sentido, argumenta: "Para nosotros la intervención del Estado a la hora de brindarle iluminación, pavimentación y viviendas dignas para los vecinos nos parece muy bueno. Pero como el proyecto se diagramó en una oficina, ahí empezaron los problemas porque no se contempló en su momento a las familias que tienen hijos con discapacidad o aquel o aquella que tiene un comercio o una huerta comunitaria. Y en ese sentido les doy la razón a los vecinos y vecinas: no fueron tenidos en cuenta a la hora de elaborar el proyecto, por más ambicioso que parezca. Lo bueno es que si la mayoría acepta y quedan en el barrio será una muy buena decisión, porque hubo otras relocalizaciones en las que los vecinos y vecinas perdían ese contacto con el barrio. Sin embargo, lo que nos manifiestan vecinos y vecinas es que las dimensiones no coinciden con la cantidad de integrantes del núcleo familiar, y ahí está el inconveniente más allá de la iniciativa".
En eso, Carlos, un viejo vecino del barrio a quien también le tocará inevitablemente el traslado hacia uno de los departamentos allí construidos, acota con claros gestos de renuencia: "Bajo un mismo techo suelen vivir entre cuatro y cinco familias, entonces es imposible que puedan vivir dentro de un departamento". Y, de paso, comenta fiel a la costumbre barrial que su compañera Mónica ya le anticipo que "no se quiere mudar porque son muy chicos y no entra nada".
Andrés tiene 22 años, es barbero y hace 20 que vive en la zona de Pasco y Beruti —Berruti, como llaman a esa calle en el barrio y la que está próxima a convertirse en la avenida de la Universidad—. "Nosotros somos seis y yo tengo un hijo; la verdad es que no nos conviene porque no entramos en dos departamentos, aunque todavía no sabemos adónde nos van a mudar porque primero van a mudar a los frentistas, ya que no censaron a todos. El 90% de los vecinos y vecinas no sabe qué es lo que va a pasar en el barrio", dice, pese a que luego reconocerá como otros vecinos de la cuadra que no se van a negar a vivir en una vivienda digna, con servicios esenciales y que, en definitiva, será tan propia como la que viven en la actualidad.
El caso de Nara es similar. Tiene 25 años, una hija pequeña y vive casa con su pareja en la zona de Convención y la barranca. Sin embargo, aclara que dentro del terreno en que viven también está el resto de su familia y no le convence la idea de perder esa tranquilidad que manifiesta para mudarse a un departamento pequeño. "Mis padres y mis tíos nacieron en el barrio hace más de 60 años. La tranquilidad que tenemos en nuestra casa no la vamos a tener en un departamento, además, básicamente te están sacando tu casa. En mi caso, vivo con mi marido y mi hija, pero en el mismo terreno vive la mayoría de mi familia y tampoco está censada. El proyecto lo vieron tres personas y el resto se fue enterando por partes y del boca en boca", afirma, convencida.
"Eso es básicamente lo que pasa, ahora hay que salir a dar soluciones a problemas habitacionales postergados. A nosotros nos parece bien que el Estado intervenga, pero en el medio hubo mucha desinformación y no fue comunicado de buena manera y es donde surgieron los problemas", resume Ríos.
Protesta en Dirección Provincial de la Vivienda
El miércoles 13 de abril, integrantes del espacio comunitario La Sexta Resiste cortaron el tránsito frente a la dependencia provincial para exigir la registración dominial de las viviendas que consideran legítimas y en las que llevan décadas viviendo allí, más allá de que habían aclarado que no se iban a oponer a la relocalización. Básicamente, la intención de esa porción de vecinos que se identifica bajo La Sexta Resiste sostiene los derechos del uso del suelo que iniciaron a mediados del siglo pasado frente a la barranca, cuando el Puerto local y el ferrocarril estaba en todo su esplendor.
Si bien se presentó un proyecto urbanístico para reubicar a medio centenar de familias, la agrupación vecinal había presentado un contraproyecto para sostener a esa barriada en ese lugar y evitar así la relocalización "La familia se agranda, no se achica; acá necesitamos que no haya más desalojos porque en Rosario hay 60 mil familias sin vivienda y 80 mil propiedades ociosas. Entonces quiere decir que donde hay necesidad, el Estado y las corporaciones inmobiliarias ven un negocio", había dicho el referente de ese espacio comunitario, Guillermo Píccolo.
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Según aseguró, hay "más de 20 familias que resisten el desalojo" (cabe aclarar que no serán desalojadas, según fuentes consultadas) al que se suma el espacio comunitario ubicado en La Paz y Esmeralda. "Lo paradójico es que desde la etapa de (el ex gobernador, Miguel) Lifschitz se pretende construir viviendas donde ya hay familias viviendo, por eso presentamos cinco propuestas alternativas para la construcción de departamentos donde hay espacios vacíos, sin tener la necesidad de desalojar".
Piccolo recordó que además están en discusión las "321 familias" que viven sobre los terrenos de la barranca hacia el río, linderos a avenida Belgrano y al Acceso Sur. "Son terrenos de la Universidad que fueron cedidos durante la dictadura de Onganía en el año '68, que se sumó a uno previo realizado durante la dictadura de Aramburu en el '58. Es decir, son dos decretos que avalan la posesión a la UNR donde siempre vivieron trabajadores de la tierra, por eso exigimos la registración dominial y la desafectación de esas dos manzanas". No obstante, aclaró que "nadie se va a oponer a construir departamentos sobre espacios vacíos".
El origen del proyecto
El plan de obras para el Centro Universitario Rosario (CUR) incluye intervenciones que prometen ordenar y potenciar las condiciones urbanas del sector donde se concentran la mayoría de las dependencias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Contiene una serie de proyectos de ordenamiento a partir de un nuevo sistema de movilidad y accesibilidad, la articulación urbana en continuidad del sistema de parques de la costa, la creación de nuevos espacios públicos y el reordenamiento habitacional con 321 nuevas viviendas, las que fueron erigiéndose con el paso de los años por familias vinculadas a la actividad portuaria y ferrocarril cuando esa zona de la ciudad, con vista al río, no tenía el valor que hoy podría costar el metro cuadrado si se modifica la fisonomía de ese sector tal cual ostenta el proyecto impulsado desde 2018.
La UNR desarrolla gran parte de sus actividades en terrenos ferroviarios desafectados de su uso original según lo estableció el decreto Nº1.374 de 1958. En la actualidad parte del suelo que es propiedad de la UNR y está ocupado con viviendas de situación irregular y precariedad habitacional. El crecimiento poblacional y de las actividades de la UNR no ha sido acompañado con una adecuación de redes viales, equipamientos y espacios públicos.
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La zona tiene problemas de acceso y de condiciones que alienten la permanencia y uso del lugar. Le faltan vínculos con el sistema de espacios de parques públicos. En particular de la costa central que desde hace años aumenta la extensión de paseos para la recreación. Como ejemplo, la calle de acceso al sector del Centro Científico Tecnológico (CCT) por Beruti no tiene pavimento definitivo y no circula ninguna línea del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).
Con el paso del tiempo la UNR perdió disponibilidad del suelo por la ocupación de viviendas informales que fragmentaron la integralidad original del CUR. Este fenómeno se ve particularmente entre Beruti y avenida Belgrano. Sin embargo, existe una porción de suelo vacante dentro del área que es propiedad de la UNR. Ello permite diseñar una readecuación espacial abordando integralmente las problemáticas de acceso, vivienda y potenciación del desarrollo urbano y social.
Según datos de la Dirección General de Estadísticas, la cual sufrió variaciones desde el comienzo de la pandemia a esta parte, la caracterización de los habitantes marca una población constituida por un 52% de mujeres y 48% de varones. De esta totalidad, el 35% son menores de 18 años. Predominan los trabajadores informales. Un 24% de la población presenta NBI (necesidades básicas insatisfechas). Dicha caracterización son una elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, Indec - Ipec.
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En 2018 se desató una protesta con incidentes en el inicio de las primeras obras en La Paz y Esmeralda.
Foto: Marcelo Bustamante / La Capital
Por su parte, la subsecretaria de Hábitat de la provincia, Silvia Cortopassi, le explicó a La Capital que el proyecto habitacional se da en el marco del programa de urbanización de los barrios populares, que fija la ley nacional Nº 27.453. Lo considera ambicioso y que estaba bien pensado desde un principio porque es una área que los tres niveles del Estado consideran que se necesita intervenir como ocurrió con los asentamientos en La Lata (hoy Villa Corrientes), la urbanización en curso de Villa Banana y otros puntos de la ciudad.
"La idea es relocalizar en le mismo barrio a las familias que estaban en terrenos de la UNR", asegura y garantiza que "si bien el proceso expropiatorio terminó, nadie va a desalojar a quien habite ahí, es una decisión tomada y tenemos una ordenanza que cumplir, que sostiene que ningún vecino puede vivir por fuera del radio de Necochea, Belgrano, 27 de Febrero y avenida Pellegrini".
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La viviendas están construidas en tres bloques: uno de 114 viviendas ubicado entre Cerrito, Riobamba, Ituzaingó y Esmeralda; otro de 69 (en un principio eran 139 y se terminó ejecutando un solo bloque de viviendas por la gestión anterior) en Esmeralda, Riobamba, pasaje Antonelli y La Paz; y las 38 restantes en un tira que abarca La Paz, Viamonte y Esmeralda hasta 27 de Febrero)
"El proyecto original tenía bastantes reclamos de los vecinos porque las viviendas son de un dormitorio y no responden a la lógica de familia que están ahí. Sin embargo, en base al mandato del gobernador (Omar Perotti), tenemos que terminar las obras, no hay forma de no terminarlas; ampliar no se puede, entonces esperamos que el Servicio Público de la Vivienda (SPV, ente autárquico con órbita municipal) encuentre a esas familias para relocalizar y devolver terrenos a la UNR para ampliar el campus".
Por su parte, desde la Universidad se comentó que esos terrenos que le pertenecen desde que era parte de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) fueron cedidos para que la provincia construya viviendas dignas y escrituradas a nombre de los vecinos. Y una vez que termine el proceso de adjudicación de propiedades, podrá avanzar en proyectos que aún están en una impasse propio del proceso que implica la relocalización de familias linderas a La Siberia. "Por el momento no hay proceso en marcha de índole privado, pero sí es factible que muchos de esos terrenos serán destinados a espacios públicos", adelantaron.
