El segundo simulacro de juicio por jurado vecinal se realizó ayer en la ciudad. La herramienta del Nuevo Código de Convivencia Ciudadana que rige en Rosario desde 2022 tiene como objetivo que sean los ciudadanos quienes juzguen infracciones que provoquen graves daños al patrimonio, al ambiente y la relacionadas con el tránsito, entre otras.

En esta oportunidad, el ensayo se concretó en las instalaciones del Centro Municipal de Distrito Sur Rosa Ziperovich (Uriburu 637) y estuvo a cargo de miembros de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el marco del convenio que el municipio suscribió con dicha casa de altos estudios, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) para desarrollar las capacitaciones previas a la implementación del juicio por jurado vecinal.

La subsecretaria Legal y Técnica del municipio, Juliana Conti, presenció el simulacro y valoró el compromiso de quienes participaron en esta ocasión como jurados, así como de los jueces de Faltas del municipio que asistieron y que vienen trabajando en la implementación del nuevo Código de Convivencia, subrayó, “sin comprometer ni un solo día la Justicia de Faltas a pesar de modificar los sistemas y la normativa”.

El juicio por jurados vecinales forma parte del nuevo Código y apunta, entre otras ejes, a que sean los propios ciudadanos quienes pueden ejercer un nuevo derecho.

El jurado vecinal estará compuesto por cinco miembros, y deberá contemplar diversidad etaria, de género y cultural. Cabe aclarar que, en caso que el juzgado lo estime conveniente, la cantidad de jurados podrá aumentar hasta a siete. El registro de postulantes es voluntario.

Ese jurado conformado por vecinos será el encargado de entregar al juzgado de Faltas un veredicto que declare la inocencia o culpabilidad de la persona presuntamente infractora. Además, podrá formular _junto con su veredicto_ una propuesta de sentencia, que el juzgado podrá admitir y homologar sin más fundamento que la verificación de su conformidad con las normas legales aplicables al caso y la equidad.

Rosario es una de las tres primeras ciudades del país en tener esta herramienta. Las otras dos ciudades son San Patricio de Chañar (Neuquén) y Mendoza.