El objetivo es desalentar este tipo de encuentros masivos tan riesgosos a nivel sanitario.
Con el fin de desalentar las fiestas clandestinas, los ediles María Eugenia Schmuck y Carlos Cardozo ingresaron ayer en el Concejo un proyecto de ordenanza para elevar las multas a quienes las organizan y a quienes son los propietarios de los inmuebles donde se desarrollan este tipo de encuentros, que no respetan esta etapa de restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.
La intención es otorgarle herramientas de más peso y más severas a las autoridades locales para poder actuar sobre quienes promueven, participan o facilitan este tipo de reuniones masivas, que están prohibidas en esta segunda ola de contagios que puso nuevamente en jaque las estructuras sanitarias en la ciudad y en la región.
La concejala Schmuck retomó una idea que había trabajado en 2013 y la adaptó a estos tiempos de pandemia y recaudos sanitarios, que no permiten bailes ni espectáculos. Según su proyecto de ordenanza, el castigo económico debería rondar entre 200 y 400 mil pesos.
En ese marco, la presidenta del Concejo advirtió que actualmente el municipio de Rosario no tiene competencia para generar multas en fiestas clandestinas en casas particulares y se encargó de remarcar que esta posibilidad está incluida en el nuevo Código de Convivencia que impulsa la Intendencia y que está siendo debatido en el recinto legislativo.
Su propuesta propone la incorporación de este nuevo marco normativo en el Código de Faltas Municipal. Y esa iniciativa solicita multas económicas que van desde los 200 a los 400 mil pesos, y clausuras de hasta 90 días.
Estos castigos podrían recaer sobre el promotor de ese encuentro masivo, que apuntan a la persona física o jurídica encargada de la organización, promoción, desarrollo, y venta del espectáculo o actividad bailable. Y la sanción también podría extenderse a las personas físicas o jurídicas que faciliten el inmueble para el desarrollo de ese tipo de eventos.
El proyecto precisa que si los responsables son menores, serán los padres o tutores quienes deberán afrontar la multa económica.
Por su parte, el concejal Cardozo presentó un proyecto que persigue la misma dirección pero propone sanciones mucho más elevadas todavía. Su iniciativa apunta a que todo propietario, poseedor o tenedor de un inmueble donde se desarrolle una fiesta privada calificada como ilegal o clandestina, durante la emergencia sanitaria, debe ser penado con multas que van desde 1.200.000 pesos a 2.100.000 pesos.
Su propuesta incluye el decomiso de todos los elementos hallados, y una inhabilitación de hasta 180 días, cuando se trate de un inmueble, piezas o infraestructuras pertenecientes a comercios habilitados.
Su pedido abarca como sanción accesoria la realización de 50 a 100 horas de trabajos no remunerados de solidaridad con la comunidad.
Vale recordar que la ciudad de Santa Fe ya aprobó un marco legislativo similar hace pocos días atrás. De acuerdo a esa normativa, son castigados los propietarios, los poseedores o los tenedores del inmueble en el que se desarrollan fiestas de este tipo, así como los responsables de la organización de ese encuentro. En la capital provincial, los montos de las multas varían entre 686.700 pesos y 1.144.500 pesos.
Si esta iniciativa logra consenso en Rosario y avanza dentro del Palacio Vasallo, podría llegar a tratarse la próxima semana sobre tablas. Los impulsores de esta iniciativa guardan grandes expectativas.
“Queremos legislar estas fiestas en domicilios y ámbitos no aptos para poder tipificar como contravención grave la realización de estos eventos donde existe una concurrencia de público, donde la venta de alcohol y el lucro general encubre una actividad comercial fuera de cualquier cuestión legal”, remarcó Schmuck.
“Lo que buscamos es desalentar y sancionar la organización de fiestas privadas ilegales o clandestinas, porque vemos que la sociedad sigue haciendo un gran esfuerzo en todo su conjunto y, a pesar de eso, todos los fines de semana, a través de los medios locales, se conocen noticias de fiestas clandestinas que son desarticuladas producto de denuncias de vecinos”, advirtió el edil Carlos Cardozo.
Por Tomás Barrandeguy