La Ciudad

Quemas en las islas: la Municipalidad elevó informes a la Corte de la Nación

Contestó medidas en el marco del amparo ambiental de la ONG Equística. La Intendencia aparece como codemandada junto a los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Rios

Viernes 04 de Septiembre de 2020

En el marco de las causas judiciales surgidas por la problemática de la quema en las islas entrerrianas, la Municipalidad de Rosario contestó en carácter codemandada la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación surgida del amparo ambiental que motivó la creación del Comité de Emergencia Ambiental. La Intendencia informó los innumerables esfuerzos y medidas adoptadas desde 2008 para hallar una solución de fondo a la problemática. Si bien se pone a disposición del Máximo Tribunal, aclara que siendo “sustancialmente una víctima de la depredación ambiental no podrá ser objeto de una de condena”.

A través de su departamento legal y técnico la Municipalidad remitió un escrito a la Corte Nacional en respuesta al amparo presentado por la asociación civil “Equística” de Rosario en defensa del medio ambiente, donde demanda a la provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, al Estado Nacional, y a las intendencias de Rosario y Entre Ríos.

Al resolver el recurso el 11 de agosto, la Corte ordenó la creación del Comité de Emergencia Ambiental (CRE) dentro de lo que se conoce como el Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná) con participación de las provincias mencionadas y el gobierno nacional, una decisión que fue bien recibida por las partes involucradas.

Pero además, el Máximo Tribunal dispuso que los demandados presenten informes sobre las medidas que adoptaron en todo este tiempo para frenar las quemas, y se acompañe constancias de esas actuaciones.

Dentro de los plazos previstos la Municipalidad contestó el requerimiento. En un escrito describe todas las actuaciones que viene desarrollando desde 2008 cuando el ex intendente Miguel Lifschitz presentó un amparo judicial ante un escenario similar de quemas al que se vivió en los primeros meses de 2020.

Además hace un repaso de las acciones con un un rol activo en favor de los vecinos. Detalle que desde que comenzaron las quemas se coordinó con las autoridades de Manejo del Fuego, se brindó servicio, logística y asistencia a los brigadistas en los tres niveles de su competencia: salud, ambiente y visibilidad.

En ese sentido, recalca que ante los trastornos que ocasiona el humo en rutas cercanas se mantienen alertas con la Secretaría de Transporte Santa Fe, patrullajes, recepción de denuncias por focos, constataciones mediante cámaras apuntadas sobre el estado de los incendios, y su geolocalización.

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La intendencia le notificó a la Corte que puso a disposición su sistema de salud para atender las consultas de las personas afectadas por el humo, la estructura de Defensa Civil, incluso para medir la calidad del aire a través de la Secretaría Ambiente y convenios con instituciones académicas.

Recuerda además que se decidió la instalación en la Isla Charigüé de una base científica como proveedora de conocimiento respecto a la riqueza ambiental del lugar, y de los comportamientos antrópicos, sociales y su incidencia en el ecosistema.

>> Leer más: La batalla legal por las quemas en las islas ya suma más de diez causas

La Intendencia recalca que en marzo pasado motorizó la denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Victoria, donde aportó informes ambientales, referencia incendios, ampliada en mayo, y que originó la causa caratulada como “Baggio, Rufino Pablo y otros sobre incendio u otro estrago”, donde además se constituyó como querellante, y donde hay más de 12 imputados.

Si bien la administración local valora formar parte del comité de emergencia, y que partir de la resolución judicial pasó a ser miembro oficial del Piecas, se agravió por el hecho de que con los antecedentes descriptos figure como demandada, cuando en realidad resultaría víctima de las acciones depredatorias.

“Entendemos este proceso judicial no como una contienda, sino un instrumento para que se logre el objetivo de garantizar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”, remarca el tramo el escrito remitido a la Tribunal.

Y se insiste en que “siendo Rosario una víctima de la depredación ambiental no podrá ser objeto de condena alguna. Aspiramos a que fruto del debate y la participación ciudadana activa en surjan instrumentos para el cese de las actividades ilícitas, la morigeración y restauración del daño ambiental”.

“Nos ponemos a disposición del proceso judicial, vamos a colaborar con todo lo que esté a nuestro alcance, sabemos que es una estrategia de los actores introducirnos como demandados, no es algo que involucre a la Corte”, destacaron a La Capital desde el Palacio de los Leones.

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