La mujer que tenía casi 200 perros en su casa de avenida de Rosario al 2000 fue imputada este miércoles por el delito de maltrato animal y quedó en libertad, pero deberá entregar los animales en adopción.

Este miércoles se convino mediante acuerdo de partes que la imputada entregará los perros y se evaluará el destino de los mismos junto al municipio. En breve se publicarán las cuentas de correo electrónico donde se podrá mandar el mail para anotarse como adoptante, cuya lista se encargará de confeccionar el área de Protección y Bienestar Animal de la Municipalidad.

“Pedimos a la gente que no se agolpen frente a la casa, porque de ahí no va a salir ningún perro por adopción, sino que se va a hacer un trámite”, explicó la fiscal Oliva consultada por La Capital.

La persona que se postule deberá ofrecer un lugar acorde para el animal, con un detalle sobre el lugar donde estará y la cantidad de metros cuadrados. Además, se la obligará a que castre al animal con un veterinario privado, para no sobrecargar al Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), y eventualmente se le pedirá que realice una donación a las entidades proteccionistas que colaboraron en la causa.

En el primer traslado, las autoridades intentarán ubicar a los perros más jóvenes y las madres con sus cachorros. En una segunda instancia se intentará hacer lo mismo con los de mayor edad, que requieren más cuidados. En base al informe elaborado por la Municipalidad, en el espacio que tiene la imputada solo puede cohabitar con 4 animales, y hoy todavía tiene 115. Ella también tendrá la obligación de castrarlos, para evitar la proliferación descontrolada.

La acusación

En la audiencia imputativa que se realizó en la sede de Fiscalía Regional Rosario, la fiscal Mariel Oliva la acusó a la mujer por haber tenido en situación de hacinamiento, insalubridad y precariedad en su vivienda particular a 199 canes de diferentes sexos, razas y edades, incluidos cachorros de menos de 10 días.

Para la Fiscalía esa circunstancia implicó “que no le brindara un lugar adecuado de alojamiento, ni alimentos en calidad y cantidad suficiente según su edad, ni la atención veterinaria que requiere cada can en función de su estado y características, causándoles padecimientos de salud agudos y crónicos, y sobre todo un sufrimiento innecesario sumado al riesgo ambiental que ello implica, lo que afectó la integridad física y la salud” de los perros.

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La pena de maltrato animal es de un año, pero como la acusada no tiene antecedentes condenatorios, puede transcurrir el proceso en libertad y es pasible de una salida alternativa o la suspensión del juicio a prueba (probation). En ese sentido, la Fiscalía evaluó que hubo buena predisposición de la defensa y de la propia imputada. Respecto de la presunta comercialización, es una falta administrativa que evaluará la Municipalidad y cobrará las multas pertinentes.

“Quiero destacar la rapidez con la que se va a resolver el conflicto mediante la aplicación de la Justicia restaurativa, para llegar a resultados satisfactorios sin necesidad de una sentencia condenatoria. En otras jurisdicciones, el desapoderamiento de los animales en casos de criaderos clandestinos toma quizás 1 año y medio, y en este caso la expectativa es de meses”, subrayó Oliva.