Comenzaba la conferencia de prensa donde era presentado a Ricardo Daniel Castillo al frente del Comando Unificado que coordinará el accionar de fuerzas federales y provinciales en el combate contra la narcocriminalidad en Rosario, cuando una pregunta tensó el aire en la sede local de Gobernación. La consulta se refería a una causa judicial originada en Orán, Salta, donde fue condenado el juez federal de esa ciudad, Raúl Reynoso, a 13 años de cárcel por favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de dinero y bienes. En esa investigación estuvo involucrado Castillo, aunque finalmente se le dictó falta de mérito y su absolución está en trámite.
Quien se refirió al tema durante la rueda de prensa de este viernes fue el comandante general de Gendarmería Nacional, Andrés Severino, quien con tono firme habló escuetamente al tema y explicó que el nuevo titular del Comando Unificado "fue seleccionado por la conducción superior mediante un análisis de sus antecedentes en la fuerza y su capacidad operativa". Y añadió: "En un primer momento trabajará junto al jefe de Región II de Gendarmería. Ya mismo queda constituido como jefe de la fuerza de tareas y como coordinador de operaciones en esta jurisdicción tanto en Rosario como en el resto de la provincia de Santa Fe, junto a las fuerzas policiales".
De inmediato, aludió a la causa judicial en la que fue aludido Castillo: "El comandante Castillo, junto con otro comandante, director de Inteligencia Criminal fueron víctimas de una denuncia anónima por la cual llegó a indagatoria, donde ejerció su defensa. Se le decretó falta de mérito y ya está en trámite para la absolución".
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Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
En marzo de 2019, el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, fue sentenciado a 13 años de prisión. El ex magistrado fue encontrado responsable de favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de dinero y bienes. Los fiscales Carlos Amad y Francisco Snopek se manifestaron parcialmente conformes con el fallo ya que posteriormente lo recurrieron por no haberse aplicado en el veredicto la figura de asociación ilícita y por la absolución de cuatro imputados en la causa.
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Al debate oral y público también llegaron como acusados los abogados María Elena Esper, Ramón Valor, Arsenio Gaona y René Gómez, junto con personal del juzgado de Reynoso como su ex jefe de despacho, Miguel Saavedra, el ordenanza César Aparicio y su hermana, Rosalía.
Esper, para quien se había solicitado una pena de 20 años de prisión, recibió una condena de diez años y 6 meses de cumplimiento efectivo como partícipe necesaria en la comisión del delito de concusión en cinco hechos. El Ministerio Público Fiscal también había solicitado 14 años de pena para Valor, que recibió 4. El resto de los acusados fue absuelto por el principio de duda.
La investigación había sido impulsada por el fiscal federal Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias. La hipótesis es que los sospechosos, con Reynoso a la cabeza, construyeron un "aparato de poder para obtener beneficios indebidos a cambio de conceder o gestionar resoluciones judiciales favorables a los imputados cuyas causas tramitan en dicho tribunal". Entre los casos detallados en el portal fiscales.gob.ar, figura el del transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, dueño de camiones que más de una vez fueron interceptados transportando cocaína.
