El gobernador Omar Perotti y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, suscribieron este miércoles un convenio para la creación de una nueva agencia regional con sede en Rosario, que funcionará en la sede del Enapro.

Tras la firma del convenio, Perotti destacó que la creación de agencia de la Unidad de Información Financiera "nos da el respaldo de saber que vamos a tener más información y va a ser una herramienta indispensable en esta lucha que tenemos contra el narcotráfico y que queremos sea cada día más efectiva".

"Hay mucha información aportada por los vecinos y las organizaciones comunitarias que trabajan en los barrios o en las zonas de mayor violencia. Con esa información se solictan las órdenes de allanamiento, que no siempre van a la velocidad que se desea por eso bregamos por una nueva estructura de Justicia federal", acotó el gobernador instantes antes de dirigirse al acto en el Destacamento 7 de Gendarmería, encabezado por el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández.

"Aquí no solo tenemos el dato de dónde se está vendiendo, es cómo ese flujo financiero alimenta a las organizaciones criminales y les permite crecer en logística y poder. Para eso esta agencia estará trabajando en Rosario".

La oficialización de la creación de la agencia de la UIF en Rosario

El anuncio de la Unidad de Información Financiera (UIF) había sido oficializado el pasado 24 de febrero a través de la resolución Nº 31/2023, que fue publicada en el Boletín Oficial La flamante oficina integrará la Región Central de la dependencia, que componen las provincias de Santa Fe y Córdoba.

La oficialización llegó dos días después de que la Casa Rosada modificara el decreto reglamentario de 2007 de la UIF para permitir la creación de más de una sede en cada región del organismo.

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En ese sentido, la oficina de la UIF en Rosario se justifica por “la gran cantidad de organizaciones criminales y también una actividad criminal y niveles de violencia por encima de la media nacional”.

La descripción se desprende del informe de evaluación nacional de riesgos de lavado de activos de la Argentina, que fue aprobado el año pasado.