La Casa Gris mantuvo línea directa con la Municipalidad. Y monitoreó minuto a
minuto la evolución del paro decretado por la CGT Rosario tras el crimen de Sergio Oberto. Un plan
de lucha en el que, al margen del repudio inapelable de la brutal muerte del taxista, detectaron
veladas connotaciones políticas.
Fueron varios los contactos telefónicos entre el gobernador Hermes Binner y el
intendente Miguel Lifschitz para evaluar la medida de fuerza, que activó todos los sensores
oficiales por "la extraña virulencia y agilidad al momento de definirla".
Más temprano, Néstor Ferrazza, líder de la seccional Rosario de la central
obrera, se había esforzado por despegar la huelga de toda intención espuria.
"Existe una carga política", deslizaron a La Capital varios hombres de la rosa
roja. También enmarcaron el paro ("parecía definido de antemano") en una supuesta movida destinada
a minimizar los alcances del acto agrario contra las retenciones programado para el domingo próximo
frente al Monumento a la Bandera. "No se descarta", coincidieron.
En esa línea, aludieron a la amenaza de bomba en Falabella, al hallazgo de un
misterioso bolso cerca del restaurante Mercurio y a las insistentes versiones sobre ataques a
comercios que no se plegaron a la protesta. "Parece que la ciudad tiene que llegar al domingo con
el peor clima social", agregaron.
Tanto en el Palacio de los Leones como en la Gobernación no recordaron una
convocatoria similar por parte de la CGT Rosario en los últimos años. Y la contrastaron con la
"inacción" esgrimida frente a los anteriores asesinatos de taxistas y las recientes muertes de
obreros de la construcción (cuatro en una semana).
"Puede ser por el acto del campo o una escalada contra la provincia y el
municipio. O ambas cosas a la vez", planteó una fuente irrefutable, que arriesgó que el rosarino
"visualiza negativamente esta reacción desmesurada, más allá de los reclamos reales en materia de
seguridad".
Javier Felcaro
La Capital