El proyecto de ordenanza para crear la figura de fiscalizador ciudadano voluntario (FCV) volvió al tablero general de debate y discusión en la ciudad. La iniciativa apunta a fomentar la participación voluntaria de cada persona en el control de la seguridad vial y sobre las normas contravencionales urbanas. La acción legislativa es impulsada por el concejal Carlos Cardozo, quien retomó la idea que en su momento ingresó el ex edil, Jorge Boasso.
"Volvemos a ingresar la iniciativa de Boasso para que sea analizada en el Concejo porque con la anterior administración municipal no hubo posibilidad alguna de avanzar con este tipo de legislaciones de profundización del control en la ciudad", apuntó Cardozo.
"Nos parece pertinente la creación de la figura de los fiscalizadores ciudadanos voluntarios para poder abordar de más cerca y más rápido la problemática en relación a la proliferación de los cuidacoches y para controlar el cumplimiento de la ordenanza de horarios y ruidos molestos", precisó el edil de Juntos por el Cambio.
Y se encargó de enfatizar: "Es por estas situaciones que esperamos que con la nueva gestión podamos avanzar en serio con un tema tan importante como el control".
En ese sentido, remarcó que este tipo de mecanismos ya se implementó con éxito en otras ciudades del país. "Anduvo muy bien el programa Denuncia Vial, del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", recordó Cardozo.
Y amplió: "A la propuesta de Boasso le agregamos la posibilidad de gestionar las denuncias a través de una aplicación que deberá desarrollar la Municipalidad, además de las denuncias presenciales en los Centros de Distrito, que ya estaban previstas en la iniciativa original".
El proyecto de Cardozo establece que "podrá ser fiscalizador cualquier habitante mayor de edad, con un año de residencia en la ciudad; que voluntariamente constate y denuncie la existencia de violaciones a las normativas municipales, según se encuentran definidas en el Código Municipal de Faltas".
En ese marco de intenciones, "el fiscalizador también podrá detectar y denunciar irregularidades siempre que esa constatación y denuncia no viole los derechos de terceros, en especial los derechos a la intimidad, a la integridad física y psíquica, y al honor de las personas, respetando su accionar las buenas costumbres y las normas de convivencia urbanas".
Con pruebas
Cardozo explicó los pasos que deberán seguir este tipo de acciones. "Las denuncias se deberán canalizar por escrito o vía una aplicación, junto con los medios de prueba o testimonios, en los Centros Municipales de Distrito, y deberán estar dirigidas al funcionario responsable de la repartición municipal con incumbencia en la fiscalización de la materia", comentó.
Y advirtió que "una vez recibida la denuncia correspondiente, el funcionario municipal dispondrá de cinco días para poder emitir una opinión fundada sobre su encuadramiento y verosimilitud, pudiendo solicitar al fiscalizador ciudadano completar la misma. En caso de considerarla a primera vista cierta, el funcionario deberá remitirla al Juzgado Municipal de Faltas para su tratamiento y juzgamiento".
En este escenario, el concejal destacó especialmente que "el juez de Faltas interviniente deberá tomar lo presentado como principio de prueba de los hechos denunciados, siempre que los medios y procedimientos utilizados se ajusten a lo establecido en la ordenanza, a su reglamentación y a la normativa vigente en relación a este tipo de controles".
"Para poder llevar adelante esta iniciativa hay que garantizar en primera medida el resguardo del principio de confidencialidad sobre los datos de los denunciantes, y los funcionarios intervinientes serán los responsables de proteger esa información ante terceros, incluso ante los mismos autores de las supuestas infracciones", abundó Cardozo.