El Concejo Municipal empezó a tratar un proyecto para prohibir el ingreso de deudores alimentarios a los estadios de NOB y Central. La iniciativa destaca el papel que juega la cuota alimentaria en los derechos de las infancias y advierte sobre los distintos mecanismos que emplean los progenitores para evadir sus obligaciones. En los Tribunales de Rosario, el Registro de Deudores Alimentarios creció un 50 por ciento en los últimos cinco años.

El proyecto que esta semana se comenzó a debatir en la comisión de Feminismos, Disidencias y Derechos Humanos plantea restringir el ingreso a estadios de fútbol a las personas que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a través del programa Tribunas Seguras implementado por el Gobierno Nacional, para detectar a aquellas personas que tengan pedido de captura o sobre las cuales pese el derecho de admisión.

La medida ya se implementa en otras localidades, como la ciudad de Córdoba. En junio pasado, el Juzgado de Familia de Sexta Nominación de Córdoba le impidió a un hincha de Belgrano el ingreso a cualquier espectáculo deportivo en el que participe ese club. El hombre debía a su hijo más de $ 360 mil de cuota de alimentos.

“El objetivo es la protección de derechos de nuestras infancias para cuidar el sostenimiento económico de su alimentación”, explicó la concejala Norma López (Frente de Todos), autora de la iniciativa que el lunes pasado logró el aval de la comisión de Feminismos y empezará a debatirse en la comisión de Gobierno.

No es la única iniciativa que busca crear nuevos dispositivos para obligar a los progenitores a cumplir con sus obligaciones. Hay además una propuesta de Miguel Tessandori (Alianza Mejor) para prohibir el ingreso a espectáculos públicos y otro de Jesica Pellegrini (Ciudad Futura) para que no se permita al deudor alimentario obtener o renovar la licencia de conducir.

En la iniciativa presentada por López se advierte sobre la obligación de los progenitores de proporcionar alimentos, habitación, vestido, asistencia médica y educación a sus hijos, y que el incumplimiento de esto vulnera el derecho de niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta que éste es un derecho humano básico.

Y repasa todas las artimañas utilizadas para no cumplir de manera intencional para no cumplir con esta obligación. Por ejemplo, ponerse en situación ilocalizable, cambiar de residencia, dejar de prestar servicios a la empresa que retiene de su salario la cantidad correspondiente a pensión alimenticia, ponerse de acuerdo con el empleador para declarar menos ingresos, trabajar por cuenta propia declarando menos ingresos de los reales, afirmar que se está desempleado, no contar con bienes muebles o inmuebles a su nombre, entre otros.

Mientras tanto, señala, en muchas ocasiones los deudores asisten a espectáculos públicos de esparcimiento como cines, teatros y estadios de fútbol.

Cada vez más inscriptos

La iniciativa busca una original forma de dar respuesta a un problema acuciante. A fines de marzo pasado, en el Registro de Deudores Alimentarios de los Tribunales provinciales de Rosario había 1.800 personas anotadas. En los últimos cinco años, la nómina se incrementó un 50 por ciento. Desde el Palacio de Justicia indican que ese crecimiento se debe en parte al mayor conocimiento de esa herramienta, pero también a los vaivenes propios de la economía y la situación del empleo, sobre todo en los últimos años signados por la pandemia.

En 2001 la Legislatura santafesina aprobó la ley provincial Nº 11.945 que crea el registro, con el objetivo de crear un instrumento que garantice el sostenimiento económico y alimentario de niños y niñas. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia lo puso en funcionamiento cinco años después.

Las personas inscriptas en el registro son aquellos que incumplieron el pago de 3 cuotas alimentarias consecutivas, o 5 alternadas, sean alimentos provisorios o definitivos fijados y homologados por sentencia firme. También se anota a los empleadores que por mandato judicial no retuvieron el porcentaje del sueldo destinado a los alimentos.

Ser moroso alimentario implica quedar limitado, por ejemplo, para postularse a cargos políticos, ser contratistas del Estado, obtener viviendas sociales, obtener habilitaciones, concesiones y licencias. Para dejar de figurar en el listado hay que cumplir con la cuota alimentaria y tramitar la orden del juzgado de Familia que disponga la baja.

La Municipalidad adhirió a esa ley provincial mediante la ordenanza 7.300 del año 2002, con la facultad para realizar distintos actos administrativos para su efectivo cumplimiento. Ahora en el Concejo buscan sumar herramientas para que la finalidad del registro sea efectiva.