El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, dictó este miércoles el procesamiento de Dolly Viale de Garrido. La resolución se refiere a la primera denuncia contra la partera por apropiación de bebés, en paralelo con otras causas más recientes a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF).

El magistrado tomó la decisión el día después de la indagatoria de la mujer de 88 años, que se abstuvo de prestar declaración durante la audiencia. A la médica jubilada le trabaron un embargo por 10 millones de pesos sobre sus bienes como parte de las medidas para abordar el caso, tanto en la cuestión penal como la civil.

Según fuentes oficiales, la exobstetra del Hospital Roque Sáenz Peña también tiene que abonar una fianza de $ 5.000.000 para permanecer en libertad durante el proceso. Para el pago de la caución se fijó un plazo de cinco días desde este martes, cuando el fiscal federal Andrés Montefeltro presentó formalmente la evidencia para acusarla por la apropiación de Roberto Carlos Fargioni, nacido durante la última dictadura militar.

¿Por qué procesaron a la partera Dolly?

Vera Barros señaló a Dolly como probable autora de dos delitos mientras trabajaba en el nosocomio municipal. Además de la supresión de la identidad de una persona menor de 10 años, se la investiga por la falsificación de documento público a la hora de registrar el nacimiento.

Fargioni tiene 48 años y denunció a la partera a fines de 2023. Por entonces ya había sabía que no tenía vínculo biológico con sus padres, ya que un examen de muestras de ADN había descartado esa posibilidad.

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Antes de morir, la madre del denunciante reconoció en una conversación privada que habían recurrido a una obstetra de la zona sur de Rosario porque no podía tener hijos con marido. Según este testimonio, la mujer podía conseguir "el bebé varón que ellos querían".

De acuerdo al acta firmada por la médica, Fargioni nació el 9 de septiembre de 1978 en el Hospital Roque Sáenz Peña. Sin embargo, parte de esta información es falsa. Una testigo entrevistada en abril pasado recordó que un ginecólogo amigo de la familia actuó como intermediario para buscar al niño. El médico comentó que la madre era una joven estudiante del norte y el parto había ocurrido en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, pero no quedó registro oficial.

Otras causas en trámite y la hermana de Dolly en la mira

El primer denunciante que acusó a Dolly se convirtió en uno de los referentes de Cardumen, un grupo de personas que quieren conocer su identidad verdadera tras otros episodios en los que intervino Dolly. Entre ellas se cuenta Silvina Garrido, la hija adoptiva de la anciana.

Hasta marzo pasado, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) tenía datos de siete nacimientos más con datos dudosos y la firma de Viale de Garrido. De hecho, la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del MPF decidió secuestrar registros desde 1959 en el Hospital Roque Sáenz Peña para profundizar la búsqueda.

La médica trabajó durante 28 años en el nosocomio municipal. Pasados 34 años desde su jubilación, la Justicia federal ordenó el allanamiento de su casa en Lamadrid al 400 y encontró un certificado de nacido vivo en blanco, evidencia compatible con la hipótesis de que anotaba a bebés con el nombre de sus apropiadores.

A partir de los testimonios recabados desde que el caso Fargioni tomó estado público, los fiscales también investigan a Silvia Viale. Los denunciantes presumen que la hermana de la exobstetra también formaba parte de la red ilegal dedicada a la entrega directa de niños y niñas recién nacidos.