Prestadores de diálisis denuncian una coyuntura "dramática"
Por deudas de la Nación de más de un año ya no reciben más pacientes. Cubren tratamientos en curso y denuncian un "ajuste sin sentido".
Los prestadores de diálisis a unos 300 pacientes sin recursos de la provincia en el marco del programa federal Incluir Salud (ex Profe) denunciaron ayer que están al límite de poder seguir brindando el servicio debido a las deudas que mantiene la Nación desde hace más de un año. Tan "dramática" es la situación, afirmó el presidente de la Asociación de Prestadores de Diálisis y Trasplantes de Rosario, Sergio Marinovich, que aunque continúan dializando a las personas que ya estaban en tratamiento para que no peligren sus vidas, no reciben a ningún nuevo paciente. Del total de servicios en Santa Fe, 251 se brindan en centros privados y 49 en los únicos dos hospitales que cubren la práctica: 45 en el Centenario y 4 en el Clemente Alvarez.


Marinovich salió así al cruce de una información que había circulado horas antes advirtiendo que 200 centros de diálisis privados de todo el país dejarían de atender a unos 1.500 beneficiarios del programa Incluir Salud por la deuda cercana a 250 millones de pesos que el Estado nacional mantiene con los prestadores.

El eslabón más fino

El programa Incluir Salud, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, brinda cobertura a beneficiarios de pensiones no contributivas y especiales. Por ejemplo, a madres con siete o más hijos, personas con discapacidad e invalidez laboral, mayores de 70 años en situación de pobreza, ex combatientes de Malvinas y familiares de desaparecidos. Siempre a condición de que no cuenten con obra social o medicina prepaga.

Entre las prestaciones que se brindan en el marco del programa (ver aparte), Marinovich contó que la diálisis es una de las que resultan "más afectadas" por "la falta de pagos de la Nación y la no aceptación de valores ni medianamente lógicos por lo menos desde agosto de 2017".

La situación afecta a pacientes de escasos recursos que requieren diálisis para sobrevivir e incluso para llegar en condiciones a un "eventual trasplante", explicó el médico.

Según detalló, los centros privados que hacen diálisis a los 251 pacientes en tratamiento no les cortarán el servicio, pero sí empezaron a rechazar a nuevos enfermos. Y el problema, aseguró Marinovich, es que "lamentablemente" los hospitales tampoco tienen capacidad para absorber esa demanda.

El problema no sólo es el atraso de hasta un año en los pagos, sino también el congelamiento de aranceles, que quedaron fuertemente desfasados ante incrementos de hasta un cien por ciento en insumos importados, a los que hay que sumar la presión del alza de tarifas y sueldos.

En todo el país

El problema, aclaró el directivo, "no sólo se da en Santa Fe, sino en todo el país". Y cuando los prestadores elevan ante las autoridades nacionales la compleja problemática que los aqueja e impacta sobre los pacientes, contó, "ocurre algo realmente llamativo: que parece que te escuchan, pero nada cambia".

"(La ministra de Salud, Andrea) Uboldi cuenta que en el Cofesa (Consejo Federal de Salud) pasa lo mismo: el ministro escucha y dice que va a llevar el planteo adonde corresponde, pero los problemas continúan".

Marinovich intentó ser políticamente ecuánime. "Esto no es nuevo, viene desde el 2012 o 2013, sólo que ahora se ha agravado", dijo, para admitir que "había que hacer un ajuste, pero no sí, no sobre los que menos tienen".

La propia ministra expresó preocupación por la problemática. "Las personas que se dializan son santafesinos con un acuerdo entre el prestador y Nación, pero cuando no pagan en el medio queda el ciudadano", afirmó en declaraciones a La Ocho, para asegurar que desde su cartera acompañan el reclamo de los prestadores para que se regularice el pago y se garantice el servicio.

"Todo dependerá de tener una claridad que aún no tenemos", sostuvo. "Lo hemos pedido todos los ministros de Salud del país: saber qué servicios y prestaciones vamos a tener garantizados y cuáles se van a recortar", reclamó.

protesta. Los transportistas y los dueños de instituciones reclamaron ayer por las calles de la ciudad.