En un año, la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor recibió 200 consultas sobre problemas con alquileres de viviendas. La mayoría de los rosarinos mostró preocupación por el aumento escalonado del precio pactado originalmente. El segundo inconveniente que manifestaron fue la posibilidad latente de desalojo.
En tanto, integrantes del grupo Giros y de Alquilieresbajos.com registraron un resultado inquietante. Más de 1.200 personas se expresaron en contra de la suba de los montos de los alquileres en sólo tres días (ver aparte).
El informe de gestión del Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Unica, Inquilinos y Pymes, que funciona dentro de la Oficina del Consumidor, referido a alquileres fue elaborado sobre la base de 200 consultas recibidas por la dependencia, entre el 2 de abril de 2007 y el 30 de mayo de este año.
La principal preocupación es la indexación, "una práctica cada vez más común, a pesar de su indiscutida ilegalidad", según la letra del texto. "Es una modalidad diseñada por los agentes inmobiliarios para aumentar los precios pactados en concepto de canon", confirmaron.
Entre las modalidades más utilizadas para aumentar los alquileres, la más común es la incorporación de una cláusula contractual que establece que en un plazo determinado (generalmente 6 meses) las partes renegociarán el valor del canon según los índices inflacionarios. En la práctica, el aumento se impone arbitrariamente por el propietario, sin consensuar con el inquilino.
Otra modalidad es el establecimiento de un precio escalonado, es decir un valor para los primeros 12 meses y otro superior para el 2º año. Y esto no es lo peor, en los últimos tiempos se implementó una nueva forma que consiste en fijar un monto determinado para la totalidad del contrato y se bonifica al inquilino con una quita durante el primer año. En el Consejo de Vivienda detectaron casos de departamentos que son publicados con dos valores diferentes, por ejemplo $650 y $750, pero al momento de firmar el contrato se termina rentando por $750, con una supuesta bonificación de $100 durante el primer año, una forma más de indexación encubierta.
Con respecto a las consultas referidas a posibles desalojos (16 por ciento), el 43 por ciento alquilaba sin contrato y los propietarios exigieron la restitución del inmueble. Cabe destacar que a ninguno de los arrendatarios se les había iniciado juicio de desalojo. Asimismo, el 22 por ciento llegó a esta situación por vencimiento del contrato y sin posibilidades de renovación, y el 19 por ciento no pudo cumplir con los pagos en tiempo y forma. Finalmente, el 16 por ciento no logró hacer frente a los montos que se le exigía para renovar y no consiguió un lugar a tiempo donde mudarse.
Según demuestra el informe, los principales afectados por los desalojos son madres solas con hijos a cargo y desocupadas.
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