El senador provincial Alcides Calvo, quien presentó un proyecto para que la obra social de los empleados públicos (Iapos) cubra en su totalidad los tratamientos de fertilización asistida, buscará que se amplíe la ley y se incluya la obligatoriedad a todas las prepagas.
El tema volvió a ponerse sobre el tapete luego de que saliera a la luz un fallo en el cual la Cámara de Apelaciones de Rosario resolvió que la prepaga Omint pague el tratamiento de fecundación in vitro a una mujer mayor de 40 años (la suma ya fue abonada).
Una vez más quedó en claro el vacío legal que existe en torno a los tratamientos de la infertilidad, así como la asistencia a las parejas que no tienen posibilidades de procrear en forma natural. La misma falta de regulación afecta a los embriones que no se utilizan en la fecundación asistida. El tema reclama no sólo una decisión política, sino también un profundo debate sobre el futuro de esos embriones que hoy se almacenan congelados.
Lo que hay. Hasta el momento, lo único que existe en la provincia es un proyecto de ley impulsado por el justicialista Alcides Calvo, que obligaría al Iapos a cubrir los tratamientos de fertilización asistida.
En este sentido, el legislador explicó a La Capital que "el proyecto no sólo contempla la fertilización asistida. También tiene en cuenta los tratamientos psicológicos que necesite la pareja y otros tratamientos que no necesariamente significan fecundación artificial".
Proyecto de base. Este proyecto tiene media sanción en la Cámara de Senadores de la provincia y ahora deberá ser estudiado por las distintas comisiones y luego obtener la aprobación en Diputados.
"No tenemos ningún problema de que se hagan modificaciones al proyecto", señaló Calvo y mencionó: "Estamos dispuestos a que se pueda hacer de este proyecto algo más general que logre que la obligatoriedad sea aplicable a todas las obras sociales y prepagas".
Para el senador, "lo ideal sería trabajar por una ley para todos y que este proyecto sirva de base".
En Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, desde el 1º de enero de este año rige la ley de fertilización asistida (Nº 14.208). Esta norma obliga a la prestadora de salud estatal de la provincia y a las prepagas privadas a incorporar los tratamientos correspondientes en sus programas regulares anuales.
A su vez, en el Congreso de la Nación se están estudiando proyectos que inlcuyen la cobertura de los tratamientos de fertilización in vitro. Sin embargo, aún quedan muchos puntos difusos relacionados con estas prácticas donde también es grande el vacío legal.
Entre otras cuerstiones, figuran la donación de óvulos y espermatozoides por parte de terceros; la transferencia al útero (en un solo acto) de un número de ovocitos a criterio del profesional; la cantidad de embriones que se deben implantar en el útero materno; el destino de los embriones que no se llegaron a implantar; el tiempo que pueden conservarse congelados; y quién ejerce la tutela sobre ellos.
Además, las obras sociales aducen a que estas prácticas son muy caras y admiten que no podrían garantizar la cobertura si es muy alta la demanda.
En este sentido, Calvo señaló la importancia de "estudiar cada caso" antes de recurrir a este tratamiento.
Amparos
Cada vez más parejas rosarinas que no pueden concebir recurren a la Justicia para que las obras sociales o empresas de medicina prepaga les cubran los tratamientos. Se estima que en el último año hubo un incremento del 30 por ciento de los recursos de amparo iniciados con este obejtivo.
El ex presidente sostuvo que durante su gestión (2015-2019), el narco estaba en retroceso en la ciudad y habían bajado los índices de criminalidad.
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