Todo indica que el controvertido proyecto de construcción del tren de alta velocidad (Tave), corredor Rosario-Córdoba-Buenos Aires, habría quedado desde el lunes pasado en vía muerta. Es que, como consecuencia de la crisis económica alimentada por el conflicto gobierno nacional-campo, el costo financiero de la ambiciosa iniciativa superó el tope fijado por el contrato suscripto entre la Casa Rosada y el banco francés Natixis.

  Siguiendo ese esquema de trabajo, ninguna de las partes tendría ahora la obligación de encarar el emprendimiento, que prevé una inversión de 3.600 millones de dólares, salvo que el costo volviese a descender a un valor razonable.

  La novedad, amplificada en formato de versión periodística en la Capital Federal, sorprendió tanto a funcionarios municipales como a aquellos legisladores nacionales que supieron accionar judicialmente a partir de las suspicacias disparadas, paradójicamente, por el también llamado tren bala (o Cobra).

  Incluso fue nula la respuesta de la Secretaría de Transporte de la Nación, que conduce Ricardo Jaime, cuyos representantes no habrían escapado a la tensión de una jornada signada por los actos oficialista y agrario con epicentro porteño (ver sección Política y Economía).

  No obstante, varias voces que permanentemente cuestionaron el proyecto no soslayaron, consultadas por La Capital, el factor político. Y recordaron lo vivido días atrás por el propio ex presidente Néstor Kirchner, quien durante una asamblea junto a trescientos intelectuales cosechó aplausos, pero también silbidos al defender el tren de alta velocidad.

  El contrato determina que si los seguros contra un default de la deuda de la Argentina (a 10 años) superan los 800 puntos básicos, cualquiera de las partes involucradas en la iniciativa podrá postergar el inicio de la operación.

  Esto implica posponer la primera emisión de bonos soberanos que financiarán el proyecto. Según publicó el diario El Cronista Comercial, los seguros (que operan mayoritariamente entre los grandes bancos de inversión) cerraron el lunes a 806 puntos, con un alza del 4,7 por ciento.

  Nadie duda de que la efervescencia generada por la disputa entre la administración de Cristina Kirchner y el agro por las retenciones móviles terminó afectando los mercados: desde el 11 de marzo esos seguros subieron un 22 por ciento. Pero lo cierto es que el financiamiento del Cobra estuvo constantemente bajo sospecha.

  A fines de abril, la presidenta encabezó la firma del contrato de adjudicación a la empresa francesa Alstom. Al mismo tiempo, la gestión de Miguel Lifschitz encaraba una negociación directa con la Nación y la compañía encargada de los trabajos para definir la ubicación de la estación de pasajeros y la forma de ingreso a la ciudad.

  Poco antes, el senador nacional Gerardo Morales, en su rol de titular de la Unión Cívica Radical (UCR), había presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la "irracional" licitación que, a su entender, violaba la ley de obra pública y perjudicaba las arcas del Estado.

  Si bien el gobernador Hermes Binner no se opuso al tren bala, advirtió acerca de otras prioridades: la reactivación de la red ferroviaria de carga y de pasajeros, por ejemplo.

  Más duro, su ministro de Obras Públicas, Hugo Storero, tildó de "despropósito" la concreción del Tave. Su par de Economía provincial, Angel Sciara, alertó que los números no cerraban y que faltaba una visión estratégica.

  Cual presagio, Lifschitz terminó aplacando el optimismo y pronunciándose el lunes a favor del avance de las denuncias penales que apuntan a la administración nacional. l