Una pared de poco más de dos metros divide dos mundos: de un lado el patio de la escuela San Luis Gonzaga, del otro un pequeño espacio que hace de respiradero a los calabozos de la comisaría 20ª, en el distrito noroeste. Desde hace dos meses, cuando un motín irrumpió en medio de la salida del turno tarde, los padres de los chicos están reclamando con énfasis la mudanza de la seccional. Las autoridades del colegio no acompañan el pedido de traslado, pero llevan años solicitando obras para separar correctamente ambos edificios. "Con la comisaría nos sentimos más seguros", explicó el representante legal de la escuela, Roberto Paleari.
La escuela San Luis Gonzaga ocupa gran parte de la cuadra de Carrasco al 2500, en el barrio Empalme Graneros. Es un edificio de dos plantas, ladrillos vistos y rejas pintadas de verde, donde unos 800 chicos cursan desde jardín de infantes hasta 7º grado. Pegada, compartiendo medianera, está la casa de techo a dos aguas que ocupa la comisaría 20ª.
La proximidad entre la escuela y la comisaría lleva ya cinco décadas. Sin embargo, la convivencia se hizo más complicada a medida que las seccionales comenzaron a alojar reclusos.
Entonces, las autoridades escolares empezaron a solicitar que el gobierno provincial afrontara los costos de levantar la medianera que separa los patios del colegio y los calabozos del penal.
Actualmente, la pared alcanza poco más de dos metros, una altura que se extiende mediante una red colocada por el personal escolar. Y las ventanas de los salones de la planta miran hacia los techos de la comisaría, completamente abarrotados de bicicletas oxidadas y en desuso.
Difícil convivencia. Para un grupo de padres de alumnos de la escuela, la cercanía de ambos edificios "es imposible de sostener". Según explicaron, más de una vez sus hijos tuvieron que presenciar la llegada de patrulleros trasladando detenidos o escuchar los gritos que se cuelan en los salones de clase.
Pero el problema se hizo más evidente desde el 22 de abril pasado, cuando unos 19 reclusos iniciaron una revuelta con quema de colchones en el mismo horario en que el turno tarde de la escuela salía de clases. Entonces, "la escuela se llenó de humo y había gente caminando por los techos linderos con armas en las manos", apuntaron.
Por esa misma fecha, el Concejo Municipal había aprobado un proyecto para que el municipio gestionara el traslado de la comisaría. Después de la revuelta, los detenidos fueron desalojados y los calabozos quedaron vacíos. Aún así, los padres volvieron la semana pasada al Palacio Vasallo para pedir que se hiciera efectiva la mudanza de la dependencia policial (ver aparte).
Una zona insegura. Roberto Paleari es el apoderado legal del colegio que hace poco cumplió 50 años. "La comisaría lleva en la cuadra tanto como la escuela. Mientras no hubo detenidos no hemos tenido problemas de convivencia y, por otro lado, que la comisaría esté cerca nos hace sentir más seguros", advirtió.
Para las autoridades escolares, con una correcta separación, el colegio y la dependencia policial pueden funcionar normalmente. Por eso llevan años pidiendo que la comisaría levante la medianera que separa los patios. "Es una obra que no resulta muy costosa para los presupuestos públicos, pero sí para los ingresos de la escuela", señaló Paleari, y apuntó que si bien el establecimiento es de gestión privada, las cuotas son mínimas y apenas alcanzan para mantener el edificio.
Por eso, desde hace años están reclamando a las sucesivas autoridades del Ministerio de Seguridad que se completen los trabajos para adecuar la medianera. El apoderado legal del colegio recordó que "hace unos dos años vinieron técnicos de la provincia, midieron y armaron los planos de las obras necesarias". Sin embargo, la idea no pasó del papel.
"Creo que si la comisaría sigue sin alojar presos, podemos seguir funcionando al lado. Es más, la cercanía de la seccional nos hace sentir más seguros y más protegidos", concluyó el apoderado del colegio.
