El problema de las “pintadas salvajes” en el espacio público por obra de seguidores de distintos equipos de fútbol que no encuentran mejor manera de expresar sus preferencias y su vocación de preeminencia sobre el adversario no es un fenómeno nuevo, aunque oscile periódicamente en su gravedad.

Tampoco es de solución sencilla. Conviene recordar que la ciudad surge hace miles de años como un espacio en el que se suspende el salvajismo y la violencia de afuera: no por nada los vocablos “civilización” y “política”, así como la expresión “reglas de urbanidad” remiten en su etimología al fenómeno urbano, a la ciudad (civitas, polis, urbis). Pero es evidente, sin embargo, que eso ha sido —y tal vez sea todavía, o deba ser— una aspiración, un objetivo siempre perseguido, aunque sólo alcanzado parcial y fragmentariamente.

No hay duda de que el modo en que es tratado el espacio público “habla” de la comunidad que lo habita, pudiéndoselo tomar como un indicador de la calidad de la convivencia que esa comunidad logra mientras despliega su vida en ese espacio compartido. Mejorar la calidad de esa convivencia (y por ende, mejorar el modo en que tratamos el espacio público) es un desafío complejo, pero que vale la pena enfrentar. Su complejidad se expresa en la pluralidad de dimensiones que lo definen: jurídica (el carácter delictivo del vandalismo de los bienes públicos), policial (la obligación de combatir el delito), cultural (la existencia de valores en la sociedad que, en contradicción con la juridicidad vigente, pretenden legitimar ese accionar vandálico), política…

No hay fórmulas mágicas ni panaceas, pero parece aconsejable contar con una política pública que asuma esta complejidad y aborde un camino de “remedio” capaz de recorrer esas distintas dimensiones.