La ciudad

Piden prisión para el conductor inhabilitado que mató a un motociclista

La Asociación Compromiso Vial cuestionó con dureza la decisión del juez Facundo Becerra.

Miércoles 10 de Abril de 2019

La Asociación Compromiso Vial, ONG dedicada a concientizar sobre la siniestralidad vial, que cuestionó hoy la decisión del juez Facundo Becerra, quien desestimó el pedido que hizo la fiscal Valeria Plaza Iglesias para que el conductor que estaba inhabilitado para manejar y chocó y mató a un motociclista quedara por el lapso de 60 días en prisión preventiva.
Asimismo, calificó de "preocupante"que en la audiencia imputativa el quebrantamiento de la condena (inhabilitación para conducir) el evidente peligro de fuga (ya que la próxima condena no será condicional sino efectiva) y el posible entorpecimiento de la causa no sean argumentos lo suficientemente sólidos como para que el acusado reciba la prisión preventiva.
La entidad señaló que ve con "malestar" la decisión del juez Becerra, quien no da lugar a los múltiples pedidos de justicia que las organizaciones y familiares de víctimas viales en siniestros viales, en una actitud que "violenta todo esfuerzo por encontrar los mecanismos que permitan reparar los daños lacerantes que provocan la violencia vial".
Alejandro O., el imputado en cuestión, tenía una condena y una inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículos por la muerte de un niño de 9 años en septiembre de 2015. No obstante, el fin de semana pasado, al volante de un Chevrolet Corsa, embistió a una moto y el conductor del rodado, Sergio Morán, falleció por los golpes que sufrió en el impacto.
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"La decisión del juez Becerra, de dar lugar al pedido de la defensa argumentando que no hay peligro de fuga del imputado porque "tiene un trabajo", es además de indignante, un crudo reflejo de la impunidad que aún hoy gozan en nuestro país quienes matan en tránsito", destacó, en una comunicación pública, la Asociación Compromiso Vial.
Finalmente, indicó que "cuando todos los resortes y controles fallan, la reincidencia grave debería ser argumento más que suficiente y probo para permitir que el proceso investigativo se realice con todas las garantías para las víctimas", y concluyó pidiendo que se "apele la medida que atenta contra todo pedido básico de Justicia".

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