La ciudad

Paros docentes y el "molesto" progresismo de Rafael Correa

Domingo 17 de Marzo de 2019

Como en un efecto cascada, los paros que lanzaron los gremios docentes fueron seguidos esta semana por la mayoría de las entidades gremiales en una coyuntura por demás de incómoda para las autoridades provinciales y municipales: vísperas de elecciones.

Es que son tiempos de mostrar gestión y logros para cosechar votos, y las imágenes de aulas vacías, pibes almorzando raciones frías, hospitales con turnos reprogramados, guardias mínimas y municipios paralizados, no sería la más indicada.

El gobierno provincial sabía que le podía suceder esto y por ello convocó a reuniones paritarias en los primeros días de febrero. Ahora bien, en el caso de la paritaria docente, los encuentros iniciales transcurrieron más en cuestiones de forma que de fondo. Y así se llegó al prólogo del inicio de clases con una propuesta interesante, como lo es en tiempos de escalada inflacionaria la vigencia de una fórmula que permite que el salario no pierda valor.

Fue rechazada de plano, incluso hasta cuando se le incorporó una suma fija, y en Santa Fe ya se perdieron cinco días de clase.

En el medio, como siempre, la política metió la cola. Sabido es que la conducción de Amsafé es la misma que la de la Ctera (gremio docente a nivel nacional) y que esta última está librando una batalla contra el macrismo luego de que el gobierno nacional eliminara la paritaria central docente.

Pasándolo en limpio. Hay un gremio abiertamente opositor a nivel nacional y esa oposición le impide negociar en Santa Fe. De lo contrario, no se entiende el porqué de tanta virulencia sindical.

Después vinieron las frases de rigor que se repiten cada año y que nunca se llevan a cabo. "No se descarta descontar los días de paro" y "las clases perdidas deberán recuperarse".

Eso jamás pasó. Es más, un año la provincia descontó los días de paro y luego lo utilizó en la negociación paritaria como moneda de cambio y los terminó devolviendo.

Sábado con clases

Esta semana, el ex embajador argentino en Ecuador entre 2016 y 2017, Luis Juez, recordó en diálogo con una radio porteña una experiencia con docentes argentinos que lo fueron a visitar a la Embajada.

Era un sábado por la mañana y charlaba distendidamente con ellos cuando de fondo se escuchó el sonido de la campana de un colegio vecino. "Como se perdieron días de clase porque hubo un temblor, se están recuperando los fines de semana", explicó ante la incrédula mirada de los educadores.

En efecto, el diplomático contó que en Ecuador los días se recuperan en serio. Es más, en 2008, el presidente de ese país, Rafael Correa (quien dista bastante de ser encuadrado como un gobernante de derecha), modificó la Constitución y prohibió los paros en educación, a la que incorporó como servicio público.

Así, desde hace una década, el artículo 35 de la Constitución ecuatoriana reza: "Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes".

Como se ve, se garantiza el legítimo derecho a huelga, pero también el de educación. Algo que por estas tierras está desbalanceado. Es justo que los docentes reclamen por su salario. De hecho, los maestros deberían tener los mejores sueldos, ya que cumplen una función determinante: la formación de las futuras generaciones. Ahora, si en el medio a nadie le importa la pérdida de clases y con ello la consiguiente pérdida de la calidad educativa, entonces algo no está funcionando bien.

Por lo pronto, mañana se viene un paro de médicos y martes y miércoles de municipales. Los representantes gremiales de los maestros, tristemente, marcaron el camino.

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