La ciudad

Párroco acusado de acoso sexual en un colegio religioso rosarino

Hace más de un año que las paredes de la parroquia “Nuestra Señora de Pompeya” resguardan un peligroso secreto. Fue desde que se conocieron los casos de abuso cometidos por el cura párroco del lugar contra al menos ocho personas del colegio que funciona en Mendoza 5160, entre ellas un docente y una menor de edad con discapacidad mental. En todo ese tiempo, la comunidad religiosa vivió sumida en un tortuoso silencio que muchos ya se niegan a aceptar.

Domingo 28 de Febrero de 2010

Hace más de un año que las paredes de la parroquia “Nuestra Señora de Pompeya” resguardan un peligroso secreto. Fue desde que se conocieron los casos de abuso cometidos por el cura párroco del lugar contra al menos ocho personas del colegio que funciona en Mendoza 5160, entre ellas un docente y una menor de edad con discapacidad mental. En todo ese tiempo, la comunidad religiosa vivió sumida en un tortuoso silencio que muchos ya se niegan a aceptar.
  Sin ninguna denuncia extramuros, dos puntos confirman lo ocurrido. Un acta interna en la que se le impusieron al sacerdote algunas “sanciones” que aceptó sin objetar (como someterse a un tratamiento psicológico y no realizar ninguna labor pastoral) y el resarcimiento material de $200 mil a un docente que figura entre sus víctimas.
  Lo que sigue es un intento por correr el velo al silencio impuesto para que no se conozca el primer caso de este tipo del que se tenga memoria en Rosario. El resultado es una dificultosa tarea de acceso a fuentes aterradas por el miedo y las recomendaciones de cautela.

La historia. Los sucesos tomaron estado público en la comunidad parroquial en octubre de 2008. El acusado es el canónigo Reynaldo Narvais, de 46 años, entonces párroco del lugar y representante legal del establecimiento escolar que funciona en Mendoza 5160, con niveles preprimario, primario y secundario. Las incriminaciones de la propia comunidad responsabilizaron al padre Reynaldo de acoso sexual y abuso de autoridad contra un grupo de personas de la parroquia y del colegio. Las víctimas habrían sido al menos ocho. Una de ellas, entonces, era menor de edad y con discapacidad mental.
  El 1º de noviembre de ese mismo año vino a Rosario un “visitador” de la congregación, Florencio Félix Cruz, quien después de examinar la situación admitió la gravedad del asunto, se comprometió a convocar a un consejo nacional y prometió tomar medidas. Mientras tanto pidió mantener el mayor silencio y prudencia. De esa reunión realizada en Rosario participaron unas 20 personas, entre laicos, catequistas, personal de la escuela y miembros aspirantes a la Acción Católica.
  Algunas de las víctimas declararon que no habían hablado antes por temor a perder el trabajo y que como el padre Reynaldo era su jefe, tuvieron mucho miedo. Quien dio mayores detalles en su testimonio sobre el acoso sexual fue un profesor de la escuela.

“Me malinterpretaron”. En la reunión del consejo nacional, el acusado aduce en su defensa que “todo está armado porque hay muchos intereses económicos y laborales en juego por parte de algunos miembros del grupo”. También sostiene que las calumnias se armaron “por la amistad de 15 años que tenía con uno de los miembros del grupo y su familia”. El padre Reynaldo lamenta, además, que “algunos de los miembros de la Eucaristía se pusieron en su contra después de malinterpretar, en una ocasión, sus consignas respecto al servicio que debían cumplir”.
  Parece no haber convencido a nadie. El consejo nacional de la congregación que analizó su conducta decidió por unanimidad separarlo de la comunidad de Rosario, imponiéndole un año sabático. Se le ordenó también realizar un tratamiento psicológico, y le prohibieron realizar toda labor pastoral, como también ejercer la docencia, “hasta que logre su adecuada recuperación”. El padre Reynaldo aceptó todas estas decisiones sin realizar ninguna objeción.

Sin destino. Inmediatamente fue ubicado en distintas comunidades conventuales como la del padre Menapace, en General Viamonte, Los Toldos (provincia de Buenos Aires), en el convento Nuestra Señora Paz, de Calmayo (Córdoba) de los hermanos Mercedarios, y otros conventos y casas de retiro de distintas congregaciones y órdenes religiosas. Su permanencia en cada uno de estos lugares fue breve, porque sus habitantes habituales mostraron mucha molestia al enterarse de las acusaciones que pesan sobre el huésped.
  Ultimamente se realizaron gestiones en comunidades religiosas de Brasil para procurar su ubicación, que fueron aceptadas en un principio, pero posteriormente mostraron reparos ante los inconvenientes que podría traerles la permanencia de un religioso con estos antecedentes. Por sugerencia del superior general, con asiento en Roma, ahora se analiza su traslado a Italia u otro país de Europa.
  El Arzobispado de Rosario, en la persona de monseñor José Mollaghan, tomó conocimiento de todos estos hechos y aceptó las decisiones adoptadas por la congregación.

El sucesor. Desde entonces el colegio pasó a ser administrado por un laico de la comunidad. No se removió a personal directivo, ni a personal docente ni de maestranza. Mientras que la parroquia quedó en manos de un sacerdote, Fernando Zanier, oriundo de Santa Fe, quien habría recibido la formación inicial en el seminario arquidiocesano que por entonces regenteaba el hoy destituido monseñor Edgardo Gabriel Storni.
  Más recientemente se decidió nombrar un nuevo párroco, se sospecha que con la intención de dejar cerrado el episodio que la comunidad de Pompeya mantiene en secreto por temores y amenazas. La asunción está prevista para la primera quincena de marzo, con un acto
al que se pretende darle toda la solemnidad del caso. Esa misma semana estaría concedida una audiencia con el arzobispo de Rosario, a quien debe presentarle sus títulos.

Posiciones enfrentadas. En la comunidad de la Congregación Lateranse de la “provincia Argentina”, integrada por unos 20 miembros, existen posiciones encontradas sobre el tema. Mientras la jerarquía y algunos religiosos prefieren cerrar definitivamente la historia, hay varios que insisten en que haya “verdad y Justicia”. Paralelamente, una de las víctimas, un docente acosado, hizo reclamos formales y logró una reparación material de $200 mil. Se ignora si el resto de los damnificados conocen este desenlace, como también si alguna otra víctima recibió una compensación económica.
  Uno de los motivos por los que nadie del colegio quiere hablar son los temores por los costos que podrían traer aparejado los juicios de las víctimas, algo que hasta ahora funcionó como efectiva contención para que nada trascienda.
  Si ese es el problema, hay un dato que los dejará más tranquilos. Se comenta que en la casa matriz que la congregación tiene en Roma, existe un fondo constituido en euros para atender eventuales indemnizaciones de casos de abuso como el que tiene en vilo a esta comunidad religiosa rosarina.

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