Tras cumplir el plazo de la prisión preventiva, un médico de nacionalidad peruana de 83 años y una mujer de 60 años detenidos en junio pasado acusados de practicar abortos clandestinos en una clínica del microcentro rosarino, recuperaron la libertad esta semana. Deberán hacer frente al pago de una caución de 100 mil pesos, no podrán salir del país y deberán presentarse quincenalmente en el Centro de Justicia Penal.
En el marco de una sigilosa pesquisa que encabezó el fiscal Aníbal Vescovo, de la unidad de Investigación y Juicio, el jueves 20 de junio se realizó un allanamiento en un inmueble ubicado en Mitre 1224. Allí fueron detenidos Casilda Bibiana G., de 60 años, y un médico tocoginecólogo, ya jubilado, identificado como Sixto Raúl M.R., de 83 años.
Además de ellos, en el lugar se hallaba una pareja, que al ser entrevistada reconoció que habían pagado para que a la mujer le interrumpieran el embarazo. Todas las evidencias corroboraron que en el inmueble se practicaban abortos clandestinos.
Además de documentación de interés para la pesquisa, los agentes, secuestraron tres teléfonos celulares, anotaciones, un sello a nombre de Bibiana G. con un número de matrícula y donde figuraba la palabra “médica”, prendas de uso médico, una chaquetilla con el nombre del “Dr. M.”, cánulas, elementos de uso quirúrgico, y una camilla ginecológica.
En base a la evidencia acumulada dos días más tarde se realizó la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal (CJP). A Casilda Bibiana G. se le imputaron los delitos de interrupción quirúrgica de embarazo en carácter consumado en tres hechos, y uno tentado, falsificación de sellos, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título.
Al médico le endilgaron también los delitos de interrupción quirúrgica de embarazo, pero agravados por su condición de médico, en calidad de partícipe primario en tres hechos, y uno en carácter tentado.
Según el fiscal, la mujer —que en principio declaró que era médica, pero luego se retractó— realizó las prácticas en las instalaciones de Mitre al 1200, propiedad del profesional. Los hechos se habrían consumado entre abril y mayo de 2019, el la tentativa el día del allanamiento.
La falsa médica tenía un sello donde figuraba su nombre, pero con un número de matricula de una profesional en actividad, por lo cual también se le atribuyó el delito de ejercido ilegalmente la medicina. El fiscal solicitó para ambos la prisión preventiva por el plazo de ley, pero las defensas se opusieron y en su lugar reclamaron que cumplan la medida con morigeraciones.
El juez Mariano Alliau resolvió aceptar la imputación formulada por la Fiscalía, aunque respecto de la mujer no hizo lugar a la figura de falsificación de sellos, y les dictó la prisión preventiva por 30 días. A ella de manera efectiva, y al profesional modalidad domiciliaria por la edad. En julio se venció ese plazo y nuevamente se extendió un mes más, que se cumplió el miércoles pasado.
En una nueva audiencia el fiscal, que aguarda los resultados del peritaje sobre los tres teléfonos (ver aparte) entre otras medidas, pidió la prórroga de la medida cautelar bajo las mismas condiciones que la venía cumpliendo. La defensa de la mujer se opuso y solicitó la libertad, previo pago de fianza de 100.000 pesos más reglas de conducta. Del mismo modo se pronunció la defensora del médico.
El juez consideró que no había peligro procesal, de fuga ni entorpecimiento probatorio, y tras imponer una serie de requisitos y fijar la caución propuesta (o embargo de bienes por ese valor), ordenó la libertad de los imputados como alternativa a la prisión preventiva. Además deberán comparecer quincenalmente en el CJP, no podrán abandonar el país y tienen prohibido acercarse a las personas que por alguna razón tengan vinculación con la investigación.