La ciudad

Ordenanzas exprés que cambian "a medida" en Rosario

La carrera eleccionaria comienza a recalentarse y a nivel local el Concejo parece empezar a levantar presión. Es que en el Palacio Vasallo hay varios candidatos que buscan ocupar el sillón que hoy ostenta Mónica Fein.

Domingo 05 de Octubre de 2014

La carrera eleccionaria comienza a recalentarse y a nivel local el Concejo parece empezar a levantar presión. Es que en el Palacio Vasallo hay varios candidatos que buscan ocupar el sillón que hoy ostenta Mónica Fein y es por eso que los debates serán, de acá a octubre de 2015, por demás de acalorados.

Quien se pasó de calor, terminó quemado y por ahora en el archivo es el proyecto de declarar al Carlito (tradicional sándwich de jamón y queso con ketchup) patrimonio gastronómico y cultural de la ciudad. Después del impacto mediático de tremenda iniciativa, al sándwich lo metieron en un Tupper y lo sacarán cuando se calmen las aguas. Algo así como aquella vieja idea de sumar asesores políticos a la planta permanente del Concejo.

Pero el palacio legislativo local volvió sorprender con otra iniciativa que en este caso terminó siendo votada por toda la oposición y se convirtió en ordenanza.

El objetivo, saludable por cierto, es que los jueces de Faltas se elijan por concurso. Hoy esa es atribución de la intendenta. Pero siempre es interesante detenerse a analizar los pormenores del proyecto y los cambios de último momento que se le introdujeron en el recinto. Cambios que inducen a pensar que no siempre todo es como se presenta.

La iniciativa en cuestión salió de la comisión de Gobierno el martes pasado y luego hubo dos artículos que sufrieron cambios frenéticos. Uno decía que "los jueces de Faltas serán nombrados por el Concejo Municipal previo concurso público" y el otro se detenía en los requisitos e incompatibilidades de los mismos.

Se explicitaba que "para ser juez de Faltas se requerirá poseer título de abogado con más de cinco años de antigüedad" y se detallaba que el cargo será incompatible con el ejercicio profesional del derecho y el de otros cargos o funciones públicas.

Llamativamente, en pleno recinto y a gran velocidad hubo dos cambios clave. Uno es toda una perla que deja al desnudo los intereses que se mueven detrás de lo que se presenta como un gran avance en materia de legislación. De todas las incompatibilidades que se habían fijado en comisión, no quedó ninguna.

¿Llamativo no? Así, para ser juez de Faltas sólo se necesita ser abogado. Al diablo con la idea de no poder ejercer otros cargos públicos o funciones al mismo tiempo. ¿Tal vez la idea original rozó a alguien que además de ser concejal tiene otro cargo en la administración pública? Quién lo sabe.

El otro cambio es sustancial. En vez de que a los jueces los nombre el Concejo, el articulado fijó que lo hará el Ejecutivo. "Alguien se avivó de que estaban legislando por sobre lo que fija la ley orgánica de municipalidades y volvía improcedente a la ordenanza", deslizó un conocedor del derecho administrativo.

Eso sí, la norma estipula que a los jueces los nombrará el Ejecutivo luego de ser analizados por una comisión de siete miembros en la que el Concejo nombrará a cuatro de ellos. Es decir, mayoría, lo que habilita entonces al Palacio Vasallo a definir igual quiénes serán los jueces de Faltas. Buena estrategia para violar la ley sin violarla.

En febrero de este año la intedenta había remitido al Concejo un proyecto de modificación del Código de Faltas, que fue sancionado en tiempos de dictadura, allá por 1981.

Para analizar esa iniciativa estaba trabajando una comisión compuesta por ediles y profesionales del derecho. La llegada de la ordenanza express aprobada el jueves pasado con el voto opositor los dejó a todos en off side.

Claro que más en off side quedaron quienes impulsaron algo que fue mutando en minutos quién sabe por qué.

Lo conseguido parece ser una norma a medida que permitirá al Concejo influir en la elección de los jueces de Faltas sin sacarle esa atribución al Ejecutivo. Y para que nadie saliera lesionado, se borró de plano el capítulo incompatibilidades. Algo así como poner el acento en el derecho y olvidar las obligaciones, una práctica muy común en estos tiempos.

Por lo pronto el efecto inmediato fue que el gremio municipal se mostrara preocupado y exigiera el veto de la ordenanza. Había mostrado reparos antes, pero en el Concejo no lo escucharon.

Enojados, en el oficialismo deslizaron: "Qué bueno sería que con la misma velocidad con la que intentan sacarle atribuciones a Fein, la oposición le diera las del Concejo, como aprobar la tarifa del transporte público de pasajeros. Pero en ese punto no quieren saber nada, porque utilizan la tarifa para sus discursos de campaña".

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario