La ciudad

Odisea de una mujer para que una prepaga reconozca tratamientos a su hija

Sin respeto por la ley. Lleva ocho meses reclamando la cobertura para su nena de ocho años, que padece síndrome de Down. Una historia de nunca acabar.

Martes 24 de Noviembre de 2015

"Es una historia de nunca acabar", señala con bronca Cristina Milito mientras repasa las idas y venidas, las notas y las intimaciones que tuvo que firmar este año. Hace ocho meses, la prepaga a la que está afiliada decidió interrumpir la cobertura de los tratamientos que necesita su hija, una niña de 8 años con síndrome de Down.

Ana Paula esta por terminar el tercer grado en el colegio Padre Claret, donde tiene unos compañeros "maravillosos" y unos docentes "espectaculares". Hace cuatro años que la niña asiste a una fonoaudióloga y desde el año pasado necesita también la ayuda de una psicopedagoga y una maestra de apoyo.

Desde que nació, Ana tiene la cobertura de Medycin. Sus padres contaban con un plan clásico, pero cuando nació la niña eligieron cambiarse al plan VIP, ya que consideraron que les garantizaría "los tratamientos que iba a necesitar", recuerda su mamá. Actualmente, las dos pagan una cuota de 5.500 pesos.

Sin embargo, lograr que la nena acceda a los tratamientos que necesita no fue fácil. "Desde el principio, para que nos reconozcan las sesiones de estimulación o fonoaudiología, tuvimos que reclamar con un escribano y un abogado. Con la maestra de apoyo fue lo mismo. Pero desde abril pasado, directamente le cortaron todas las prestaciones", advierte con desazón Milito.

En ocho meses, la mujer ya inició un reclamo administrativo, llevó el caso a la Defensoría del Pueblo y a la Justicia Federal. Sin embargo, aún no obtuvo respuesta. "Es reconfortante ver que tu hija está desarrollando una vida normal, estás feliz con verla crecer incluida y considerar que todo el trabajo que uno hace, da sus frutos. Por eso no puedo permitir que le corten las prestaciones a las que tiene derecho", destaca.

Con todo a favor. La legislación argentina contempla numerosas normas que amparan a las personas con discapacidad.

La ley 26.378 aprobó la inclusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y en materia específica de salud, la ley 24.901 fija un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral y obliga a las obras sociales nacionales a brindar una cobertura integral a personas con alguna discapacidad. También hay importante jurisprudencia a favor de las personas con discapacidad.

Sin embargo, las negativas de las obras sociales a afrontar la cobertura de prestaciones médicas son frecuentes.

El área de discapacidad de la Defensoría del Pueblo recibió durante el año pasado 1.571 reclamos en la zona sur provincial. De acuerdo al informe anual del organismo, el 45 por ciento de estas consultas estuvieron relacionadas con la salud, sobre todo de afiliados a las obras sociales y empresas de medicina prepaga (que protagonizaron 532 presentaciones ese año).

Según el informe 2014, fueron "reiterados los reclamos por negativas de las obras sociales a acceder a la afiliación, como así también la exigencia por parte de éstas del pago de coseguros manifiestamente excesivos para autorizarles diversas prestaciones, lo cual es improcedente e ilegal".

Afiliados "cautivos". Milito sabe de qué se trata batallar para conseguir que la prepaga admita los tratamientos que necesita su hija. "Todos los años ponen el palo en la rueda y después de un par de cartas se resuelve", cuenta y señala que "todo lo que conseguimos tuvimos que pelearlo".

Para la mujer se trata de "un sistema cruel, ya que las obras sociales tienen a los afiliados con discapacidad cautivos, ya que en muchas directamente no los reciben como afiliados".

En medio de tanta indiferencia, señala, no queda otro camino que seguir peleando. "Porque estoy defendiendo los derechos de mi hija. Los mismos derechos de los que ellos se quieren olvidar", concluye.

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