La ciudad

"No sugerimos que se interrumpan embarazos"

El director de Centros de Salud del municipio, Fernando Vignoni, salió al cruce de denuncias de la agrupación Feministas de la Nueva Ola.

Lunes 16 de Septiembre de 2019

El director de Centros de Salud del municipio, Fernando Vignoni, afirmó que "ningún médico, ni ningún integrante de los equipos de salud sugiere a una mujer interrumpir su embarazo". El funcionario defendió las políticas de salud desarrolladas en la ciudad que permitieron, entre otras cosas, que desde 2012 no haya registro de muertes de mujeres como consecuencia de abortos y que descendieran las internaciones relacionadas con la interrupción de embarazos.

Vignoni destacó el trabajo que realizan los profesionales que integran las consejerías de salud sexual y reproductiva que funcionan en los centros de salud municipales. Fue después de que una agrupación que se identifica con el nombre de "Feministas de la Nueva Ola" y se declaran "promujer" y "provida" denunciara que en los dispensarios se "sugiere" o "presiona" a las mujeres para que interrumpan su embarazo.

El grupo asiste a una joven de 23 años que perdió su vivienda y está embarazada de su tercer hijo. La referente de la entidad, Natasha Fra, sostuvo que "algunas chicas nos contaron que fueron presionadas en los centros de salud, donde las atienden para que aborten y más aún en estos últimos embarazos. Pero ellas no quieren abortar, quieren seguir adelante con el embarazo".

Situaciones complejas

El encargado de coordinar el trabajo de los centros de salud municipales se mostró sorprendido por el planteo. "No trabajamos sugiriendo a las mujeres lo que tienen que hacer, escuchamos y acompañamos a las mujeres que llegan a los centros de salud pidiendo la interrupción legal de su embarazo", subrayó el funcionario.

Desde hace nueve años, en la salud pública municipal se trabaja de acuerdo al "protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo" del Ministerio de Salud de la Nación, que está vigente desde 2010 y que fue actualizada en 2015 y 2016.

El documento considera que "en el país toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud", cuando el embarazo representa un peligro para la vida o la salud de la mujer, o proviene de una violación o de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental.

En ese marco, trabajando desde una perspectiva de derecho, las consejerías funcionan en todos los centros de salud, ya sea en días y horarios fijos o se constituyen cada vez que una mujer llega a los consultorios de ginecología pidiendo interrumpir un embarazo.

Las consejerías están integradas por médicos, psicólogos y trabajadores sociales que "escuchan lo que la mujer tiene para decir. Siempre, pero siempre, detrás de esas decisiones hay situaciones muy complejas de la vida de las mujeres. Pero no hacemos recomendaciones ni indicamos nada", describió el funcionario y señaló que "también se ofrecen alternativas, por ejemplo, si el problema es económico se ofrecen los programas de asistencia que existen desde el Estado; y si las dificultades tienen que ver con el vínculo con la familia, también se acompaña".

De todas formas, destacó, "ninguna mujer se acerca a pedir un aborto porque es pobre o porque no tiene vivienda. Cuando toman esa decisión, están pasando siempre por situaciones mucho más difíciles", aseguró.

Según la experiencia de trabajo en los centros de salud de todos los barrios, la mayoría de las mujeres que plantean que no pueden continuar con su embarazo tienen más de 30 años y ya han tenido hijos.

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