El director de escuela bilingüe Nº 1.380 Roberto Fontanarrosa acusado de abuso sexual en perjuicio de una asistente escolar seguirá en prisión preventiva domiciliaria, luego de que la Cámara Penal decidiera rechazar un pedido de libertad con salidas laborales efectuado por su defensa en una audiencia celebrada esta semana. La Fiscalía confirmó la imputación y adelantó que la semana próxima formulará la acusación y el pedido de pena.
Javier Alejandro B., de 44 años, docente y director de la escuela Fontanarrosa de barrio Toba (pasaje 1.816 y Circunvalación) concurrió a una audiencia de segunda instancia donde se discutió su situación cautelar, sospechado de abusar de una auxiliar de cocina del establecimiento los días 30 de mayo y 3 de junio.
El maestro fue detenido y llevado a la audiencia imputativa a principios de junio. En esa instancia, la fiscal Nora Marull, de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional le endilgó haber abusado sexualmente en al menos dos oportunidades de la víctima, una joven de 24 años.
Según esa hipótesis, el primer hecho ocurrió el 30 de mayo a la mañana, cuando se le acercó por detrás, le bajó la cabeza a la fuerza para besarla, le pasó una mano por los senos y con la otra le tocaba la espalda hasta llegar a la cola. Media hora después se volvieron a topar en la oficina del imputado. En esa instancia el directivo, habría lanzado gemidos y tomado a la joven de la cintura para preguntarle si tenía novio o estaba casada.
Por la fuerza
El otro incidente ocurrió el 3 de junio. "La agarró a la fuerza de la mano, obligándola a ir al baño, mientras le decía «¿Vos tenés 24 años? Yo te voy a enseñar a besar»", se indicó. Y la besó contra su voluntad mientras ella rogaba que no lo hiciera. Luego llevó la mano de la joven a su pene obligándola a tocarlo. El hombre recién detuvo su conducta al escuchar la voz de una compañera.
El juez Pablo Pinto aceptó la calificación de la Fiscalía, que expuso evidencia basada en al menos cinco declaraciones testimoniales, capturas de chats del teléfono de la víctima y audios con los pedidos de auxilio. El juez ordenó la prisión preventiva morigerada en modalidad domiciliaria por el plazo de 6 meses.
Además, dispuso la colocación de una tobillera electrónica y controles espontáneos y sorpresivos. El magistrado ordenó que designe un garante personal, fije domicilio y pague una caución real de 30.000 pesos, además de prohibirle el acercamiento o contacto con la víctima y o sus familiares.
Si bien esas condiciones fueron acordadas en su momento por la Fiscalía y la defensa, el imputado designó como su nuevo apoderado legal al abogado penalista Jorge Bedouret, quien decidió apelar las condiciones de la prisión impuestas por el juez Pinto.
La controversia se discutió el miércoles en un audiencia que se realizó ante el juez de la Cámara Penal Gustavo Salvador. Bodouret esgrimió que su cliente atraviesa la prisión preventiva por un plazo "desproporcionado", y que al aceptarlo su voluntad estaba viciada (presentó un informe psicológico) ya que se encontraba "desesperado" y con "ataques de pánico".
El abogado insistió con la hipótesis de que su asistido fue perjudicado por su tarea gremial (los hechos fueron días antes de la elecciones internas de Amsafé), justificó supuestas situaciones de "histeriqueo" de víctima y acusado, que no tiene antecedentes penales y se quedó sin ingresos. Por eso solicita que se le otorgue la libertad o subsidiariamente las salidas laborales.
Asimetría
Por su parte, la fiscal Marull pi dió que se confirme la modalidad de prisión preventiva ante la "gravedad" de los hechos, el contexto de "asimetría" de poder en el que ocurrieron, y que no se trató de "un abuso simple común, ya que la víctima tiene escasos recursos subjetivos para interpretar la situación, que está con licencia y bajo tratamiento psiquiátrico y tuvo que abandonar la ciudad.
Recordó tener testimonios de la condición de alcohólico de B., que lo vieron bajarse los pantalones, y que lo trasladaron de escuela por una situación similar. El abogado querellante Salvador Vera adhirió a la postura fiscal, y remarcó que el maestro tiene denuncias en el Ministerio de Educación por amenazas simples en 2011.
Negó además la cuestión política como trasfondo y puntualizó que otra mujer también denunció un hecho grave de abuso, que hay víctimas que dicen tener temor a declarar, y que resulta razonable la prisión preventiva siendo que la pena máxima que le podría corresponder es de 8 años de prisión.
Luego de escuchar las posiciones, el juez Salvador decidió confirmar la modalidad de prisión preventiva domiciliaria del imputado y rechazó el planteo de libertad con salidas laborales. El jueves está prevista la audiencia preliminar al juicio oral y público donde la fiscal Marull formalizará la acusación y el pedido de pena.