Efectivos policiales durante uno de los últimos procedimientos.
Los principales funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nación, Horacio Rossatti, y con el Procurador General Eduardo Casal. Lo hicieron para establecer formas de trabajo conjuntas para abordar el problema del narcotráfico en la provincia. Por el lado de los representantes santafesinos estuvieron el titular del MPA, Jorge Baclini; su colega de Rosario, María Eugenia Iribarren, y otros siete fiscales.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el titular del Ministerio Público de la Acusación se refirió a los avances en materia de coordinación para enfrentar delitos complejos en la provincia junto con la Justicia Federal.
“Estamos trabajando en equipos comunes de investigación, sobre todo en delitos federales como el narcotráfico que pueden estar vinculados con pesquisas provinciales relacionadas con homicidios, balaceras y todos los delitos violentos que investiga la Justicia federal”, señaló Baclini.
El jefe de los fiscales provinciales precisó que en esas cuestiones “se realizan acciones comunes. Se parte de tareas de investigación donde se comparte información y se evita que una investigación pueda afectar a la otra, y en este trabajo en común se da una dirección que genera mucho más impacto y logra esclarecer mejor los hechos”.
Baclini aclaró que en los hechos los órganos de la justicia provincial y federal “ya venían trabajando informalmente, y lo que hace este convenio es regularizar esa forma de trabajo y habilitar a una actividad más dinámica, no sólo con la Agencia de Investigación Criminal sino también con las unidades del MPA de Delitos Complejos y de Balaceras que hoy trabajan en forma más dinámicas con los fiscales federales”.
Baclini insistió en que “fue muy positivo” el acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de Nación, ya que fue ratificado con la presencia del presidente del máximo tribunal, Horacio Rossatti y del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quienes “les dieron un aval a la problemática que se da en Rosario. Esto es muy importante, porque representa un gran apoyo a toda la tarea que se viene realizando”.
En otro orden y con relación a los crímenes en Rosario, Baclini dijo: “Venimos manteniendo a través de los años un porcentaje que ronda el 70% de esclarecimiento. En el resto de la provincia hay cifras mucho más altas, porque cuando los hechos de homicidio son particularizados en determinado territorio, los esclarecimientos son más altos. En la dinámica de Rosario, con la gran cantidad de casos y la temática detrás de los mismos, se hace más difícil poder esclarecerlos”.
Por otra parte, Baclini avaló el hecho de que la portación ilegal de arma sea causal de prisión preventiva, como figura en los proyectos enviados por el Gobierno a la Legislatura. “Hicimos algunas sugerencias de modificación, lo utilizamos como un criterio de peligrosidad procesal, para que no quede como un anticipo de pena. En general, nuestra línea de trabajo hacia los fiscales es para que en los casos donde hay armas de fuego, se pida la prisión preventiva”, comentó. También expresó su adhesión a la posibilidad de endurecer las condiciones de detención para los presos de alta peligrosidad”.
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