Multas a piqueteros: para la CCC, la medida busca "criminalizar la protesta social"

Eduardo Delmonte, referente en Rosario de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), salió al cruce del artículo del flamante Código de Convivencia que impone multas a piqueteros que realicen cortes de calles. “En vez de abordar la enfermedad, se busca combatir el síntoma sin ningún tipo de análisis. Se busca silenciar al sector de la población que no tiene otra forma de expresarse que salir a la calle. Sería criminalizar la protesta social", señaló el dirigente social.

En agosto comenzará a regir el nuevo Código de Convivencia que establece multas de hasta $24.000 a los referentes de las organizaciones que realicen cortes de calles, alterando la circulación de vehículos. También la normativa prevé sanciones para cuidacoches que extorsionen a los coductores que dejen sus autos estacionados en la vía pública.

Según se adelantó desde el municipio, en el caso de las protestas sociales en las calles, el oficialismo busca generar consensos “sin criminalizar la pobreza”, pero la oposición opinó que la norma debe aplicarse con severidad sobre los “gerentes de la miseria”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Delmonte dijo “que la manifestación de la seria situación que se vive son el hambre y la falta de trabajo, no solucionar esas cuestiones, es meter el problema debajo de la alfombra y seguir adelante en una normalidad que, al menos a la mitad de la ciudad, la tiene muy mal”.

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“Cuando uno niega la realidad, la realidad aparece de cualquier manera. Eso es más fuerte que cualquier ley o código. Históricamente se han planteado medidas así, pero no dieron resultados. La realidad busca expresarse y lo va a seguir haciendo, de la manera que sea porque mucha gente no tiene nada que perder y prefiere salir a pelear a tener que bancar la situación que sufre en su casa”, remarcó Delmonte.

Medio millón de pobres

Asimismo, señaló que Rosario “es una ciudad con medio millón de pobres, eso es lo que se debe discutir, cómo se generan programas de trabajo, con fondos nacionales, provinciales y municipales, que permitan incorporar al empleo, a través de la construcción de viviendas, a todos aquellos que están desocupados y que son expulsados por el mercado laboral". Y explicó: "Hay un mercado laboral reducido y hay población que sobra. Cuando esa gente dice que quiero laburar para mantener a mi familia, tenemos este tipo de respuesta”.

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Delmonte subrayó que sancionar a quienes protestan en las calles “profundizará la conflictividad social''. Y añadió: "La lucha social, que está estigmatizada, es una reacción sana de la sociedad ante un problema que la agobia y nadie resuelve. Ese es el problema. No hay medidas de gobierno que garanticen que la gente labure. Además, hemos promovido que intervenga el Arzobispado para promover mesas de diálogos, también con comerciantes, para poder sortear las Fiestas con respuestas para los sectores populares sin que enfrente a pobres con pobres”.

Consultado sobre si se veía pagando una multa de $24.000 por cortar una calle, Delmonte respondió: “No me imagino en esa situación. Si se diera sería parte de la criminalización de la protesta social. Esas sanciones son pasos para generar medidas represivas sobre los sectores populares para imponer determinada política de ajuste. Y frente a las medidas represivas vamos a plantear una lucha lo más amplia posible”.