La Secretaría de Medio Ambiente del municipio confirmó ayer que se gastaron más de 100 mil pesos en remover las 24 toneladas de residuos que dos empresas privadas de recolección arrojaron el lunes en Ovidio Lagos y Pellegrini como protesta porque no podían ingresar a un relleno sanitario. Y confirmó que se podrían aplicar multas de hasta 5 millones de pesos a ambas firmas, a las que además denunció en la Fiscalía en turno.
Por otra parte, Horacio, un vecino que filmó la protesta y fue agredido por integrantes del Sindicato de Camioneros, hizo declaraciones públicas.
El hombre se salvó de milagro de que un botellazo no le impactara en la cabeza, y en relación a su agresor dijo:
"Si lo quieren agarrar, lo tienen filmado. Es intento de homicidio. Si me pegaba en la cabeza me mataba".
El reclamo no fue por despidos ni por un planteo laboral; por el contrario los manifestantes se limitaron a quejarse porque la basura de los locales gastronómicos no podían disponerse en Ricardone. Cabe recordar que existen otras tres opciones para el destino final de lo recolectado: Bella Vista, Pérez y Villa Gobernador Gálvez.
No obstante, las 24 toneladas de basura que arrojaron en la esquina provocaron un olor nauseabundo y caos vehicular. A ello se le agregaron los desmanes y la violencia de los empleados contra los vecinos, que quedaron varados por la protesta empresarial. Se trata de firmas habilitadas para operar pero que no son concesionarias de la Intendencia, sino que prestan servicios a restaurantes y bares de la ciudad.
Después de la montaña de basura, para poner la intersección en condiciones fueron necesarias siete horas de trabajo de cuadrillas con unos 20 trabajadores. Ademas, cuatro camiones retiraron los residuos que arrojaron los manifestantes y hasta trabajó una dotación de bomberos.
El operativo costó unos 100 mil pesos, que tuvo que invertir el Ejecutivo y pretende recuperar pasándole la factura a las empresas.
El secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone, indicó que tanto en lo que corresponde a la Municipalidad como a la provincia se avanzará con el cobro de multas de acuerdo al Código de Faltas como en el recupero de los gastos por reposición. En cuanto a las sanciones, se podría llegar hasta los 5 millones de pesos y eventualmente evaluar la caducidad de las habilitaciones de las empresas.
El mismo lunes por la tarde intervino en un primer momento la fiscal de la Unidad de Flagrancia, María de los Angeles Granato, quien ordenó las primeras medidas y el relevamiento de las personas que se encontraban presentes en el lugar.
Además, se comisionó la intervención del gabinete criminalístico de la PDI para levantamiento de rastros y fotografía y se solicitó actuaciones a la comisaría 5ª.
Ayer, el expediente fue tomado por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Valeria Haurigot. Se solicitó un relevamiento de las cámaras de seguridad del sector (en la esquina de Pellegrini y Lagos funciona un domo que es visualizado por operadores del Centro de Monitoreo de la Movilidad, de Francia 1820) y se tomaron testimonios que dan cuenta de algunas líneas concretas de investigación respecto al origen del conflicto, que están siendo analizadas.
A su vez, el MPA informó que personal de la unidad se entrevistó con la víctima que filmó el momento en que fue agredido en medio de la protesta.
Respecto al agresor que fue filmado arrojando el botellazo, los voceros se limitaron a informar que se lanzaron medidas para su identificación.
"Me tiró un botellazo. Si me lo pega, termino en el Cementerio, ahí a unos metros. Eran tres que se me vinieron. Nunca dejé de filmar. Uno me agarró por atrás, el otro me manoteó el celular y otro me quiso pegar con una botella. Me quisieron robar el teléfono, pero no lo solté", contó Horacio, el vecino que registró el rostro de uno de sus agresores y destacó: "No pienso denunciar, que actúen de oficio. Si lo quieren agarrar, ahí lo tienen".