Por Carina Bazzoni
De los once femicidios registrados desde que comenzó el año, dos tuvieron como escenario localidades de la provincia de Santa Fe. A Agustina Imvinkelried, de 17 años, la asesinaron el 13 de enero y la enterraron en un descampado de la ciudad de Esperanza. El principal sospechoso del hecho, se suicidó minutos antes de que la policía ingresara a allanar su casa.
Danisa Canale, de 38, fue asesinada el 15 de enero, golpeada a mazazos en su casa de Liniers al 900. Por el brutal hecho está detenido e imputado su marido, Jorge Trossero, de 50 años. El mismo llamó a la policía para advertir que había matado a su esposa.
La muerte de ambas mujeres generó movilizaciones espontáneas en la provincia bajo la consigna "Basta de matarnos", que volvieron a hacer eje en la necesidad de políticas de prevención de la violencia machista. "El poder Ejecutivo es responsable de no asignar suficiente presupuesto a estas áreas, pero al poder Judicial le cabe actuar frente a cada denuncia y, sobre todo, garantizar que se cumplan las medidas de protección que ya existen para las víctimas de violencia", advirtieron desde las organizaciones que llevarán mañana, a las 19, su reclamo al edificio de Tribunales.
Punto por punto
El petitorio resume los problemas con los cuales se topan con frecuencia las mujeres que se acercan a los Tribunales para denunciar a sus agresores.
El primer lugar en la lista lo ocupa el pedido de sanciones para el incumplimiento de las órdenes de restricción. Estas medidas dispuestas por un juez (como la exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, cese del hostigamiento) tienen como objetivo proteger a una persona que siente amenazada su seguridad e integridad. Sin embargo, "con frecuencia los agresores no las cumplen ni son sancionados por esto", indicaron desde la campaña.
Por eso, reclaman también que desde los juzgados se imparta un seguimiento efectivo de las denuncias realizadas por mujeres, para prevenir, entre otras cosas, que se vulneren las órdenes de restricción.
"El tránsito de las mujeres por la Justicia tiene muchos obstáculos", consideró Galantini. Por esto reclaman también que todos los operadores del poder judicial estén capacitados en perspectiva de género, lo mismo que el personal encargado de tomar las denuncias.
El reclamo incluye la creación de guardias mínimas en la fiscalía y en los centros territoriales de denuncias para que las mujeres puedan denunciar agresiones. "Después de las 8 de la noche no hay lugar a dónde recurrir, ni tampoco los fines de semana o feriados, cuando las estadísticas indican que la mayoría de los ataques ocurren durante las horas de la noche o los fines de semana", cuestionaron.
Además, se exige el cumplimiento de la Ley Nacional 27372, de derechos y garantías a las personas víctimas de delito, en particular a la no revictimización. Es decir que la víctima no debe ser tratada como responsable del hecho sufrido y las molestias del proceso penal deben limitarse "a las estrictamente imprescindibles". Las organizaciones de mujeres que integran la campaña se concentrarán mañana, a las 19, en la Montevideo y Balcarce. Allí leerán el petitorio que proyectan entregar al fiscal regional Patricio Serjal.
Este lunes comenzó el juicio a un efectivo del Comando Radioeléctrico que asesinó a Rafael Acosta en un procedimiento irregular ocurrido en 2021.