La discusión sobre la necesidad de una legislación que proteja los humedales como recursos naturales fundamentales se acerca a las tres décadas de debates truncos. El movimiento que hoy volvieron a poner en marcha las organizaciones ambientalistas a través de la caravana que unirá Rosario con el Congreso de la Nación para exigir que los legisladores nacionales retomen el debate que quedó paralizado en las comisiones de la Cámara de Diputados es parte de un proceso que tiene su historia y que se puso en marcha en 1994 cuando en la Reforma de la Constitución Nacional se incluyó un artículo específico sobre Derechos Ambientales.

El reclamo actual de los ambientalistas, que multiplica su magnitud a partir de abril de 2020 cuando los incendios en el Humedal del Delta del Paraná termina devastando más de 300 mil hectáreas, tiene ya varias décadas y no solo incluye esta región del país, sino todos los humedales del territorio nacional.

De hecho, en agosto de 2020, con más de una decena de proyectos presentados en el Congreso, se logró poner en marcha el debate e incluso las iniciativas fueron unificadas y se logró un dictamen favorable sobre ese texto en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Sin embargo, desde entonces, esa propuesta espera las comisiones de Agricultura y Ganadería, Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y finalmente, en Presupuesto.

Lo que intentan ahora las organizaciones es destrabar el debate que afirman, está frenado por los "grandes lobbies", y retomar un debate que califican como "una deuda histórica".

Desde hace 27 años

Los casi 30 años de debates truncos quedaron compilados en un trabajo detallado que llevaron adelante en 2020 las organizaciones Taller Ecologista, Casa Río, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Cauce (Cultura Ambiental Causa Ecologista).

El recorrido se inicia cuando los derechos ambientales quedaron explicitados en el texto de la Constitución Nacional en 1994, hubo que esperar hasta 2002, casi una década para que Argentina tuviera la primera ley general de ambiente. Y recién 11 años más tarde, 2013 se presentó el primer proyecto que establecía presupuestos mínimos para humedales, que llegó al Congreso a través de la senadora por Entre Ríos, Elsa Ruíz Díaz (Frente para la Victoria) y el asesoramiento de la Fundación Humedales.

Ese mismo año, en septiembre, se sumó la propuesta del santafesino Rubén Giustiniani y en noviembre, se fusionaron las propuestas que tuvieron media sanción. Sin embargo, para diciembre de 2015, al no haber sido considerado por la Cámara de Diputados, la iniciativa perdió estado parlamentario.

En 2016 volvieron a presentarse otros dos proyectos, por legisladoras de La Rioja y Río Negro, volvieron a fusionarse, pero volvieron a perder dos años más tarde la posibilidad de ser tratados ante la falta de debate.

Un conjunto de diputados de Santa Fe, Mendoza, San Luis, Tucumán y Buenos Aires insistieron con un sexto proyecto en 2018, Fernando Pino Solanas sumó una séptima propuesta e incluso hubo una octava, pero esta vez no llegaron siquiera a obtener media sanción de diputados.

En 2019 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que protege los humedales vuelve a cambiar el escenario y a poner en agenda la problema tica y para el 2020, ante la urgencia de tener el humedal en llamas, eran 15 los proyectos acumulados en Diputados y otros cinco en el Senado. Una veintena de textos que se unificaron y que si bien ya pasaron por una de las comisiones, volvió a quedar estancado.

Los antecedentes hacen pensar que sin movilización y presión externa, fuera de las puertas del Congreso no habrá avances. Y así lo entienden las organizaciones que este martes partieron a remo a primera hora de la mañana.