El martillero detenido y acusado de conformar una asociación ilícita para absorber fondos judiciales inmovilizados del Banco Municipal se despegó ayer del grave cargo y señaló que ese rol, en realidad, les correspondía a dos abogados coimputados. Durante la ampliación de su declaración indagatoria, el rematador sufrió una descompensación y debió suspenderse el acto. A su vez, un empleado de la entidad crediticia, señalado como quien entregaba los datos de las cuentas vulneradas, se presentó espontáneamente a través de un escrito (ver aparte).
Todos los involucrados en la estafa contra el Municipal van pergeñando estrategias para despegarse de la imputación. Además del juez Civil y Comercial Nº 17, Alejandro Martín, su secretario, Ricardo Lavaca, aparece muy comprometido el martillero Oscar K., el único detenido, a quien lo acusan de ser la cabeza de una organización ilícita integrada, además, por los abogados Jorge H. y Luciano G.M.
Están acusados de asociación ilícita, estafa reiterada, defraudación, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario. A Martín se lo apartó del cargo y está bajo un proceso.
La semana pasada, al ampliar su declaración, los abogados Jorge H. y Luciano G.M. admitieron ser parte de las maniobras, pero apuntaron directamente al rematador como el estratega de las mismas. Y no dudaron en darle la categoría de jefe. No obstante, desligaron a otro colega, Martín S., quien se vio involucrado involuntariamente por "un favor".
Ayer fue el turno del martillero en la ampliación de la declaración indagatoria, en la que formalmente se le imputó el delito de "jefe de la organización ilícita", a través de la cual se se pergeñaban procesos ejecutivos falsos para absorber fondos mediante oficios librados por el juzgado de Martín.
Según el banco, se detectaron 57 expedientes irregulares, mediante los cuales se libraron oficios para el cobro de cerca de un millón 50 mil pesos. Todo ocurrió desde mediados de 2010 a agosto de 2012, cuando la entidad decidió denunciarlo ante la Suprema Corte provincial en noviembre.
El profesional hizo un breve exposición y negó rotundamente los hechos que le atribuyen y la imputación de ser el jefe de una asociación ilícita. Además, tiró la pelota a los que lo acusaron: dijo que los abogados Jorge H. y Luciano G.M. eran, en realidad, los organizadores de las estafas.
Según el martillero, los letrados mantenían una deuda con él (por trabajos en Funes) y comenzaron a pagarle entregándoles los oficios.
Tras unos minutos, y frente a la jueza de Instrucción Nº 12, el rematador se descompensó y debió suspenderse el acto, a retomar el jueves próximo. Mientras, sigue detenido en la seccional 8ª.
"Desconocía de qué se trataban esos oficios. Lo vinculan en 57 expedientes, pero él solamente participó en ocho y cobró cuatro. ¿Quién cobró el resto?", puso en duda su abogado defensor, Germán Mahieu.
Luego cargó contra la declaración acusatoria de los letrados: "Los organizadores eran ellos. Un martillero no puede pedir un embargo ni tramitar un oficio".
Asimismo, Mahieu adelantó que hoy pedirá formalmente la libertad de su defendido. "Es el único detenido y el más débil de toda esta cadena. Los abogados manipularon los hechos induciendo al error al fiscal y a la jueza", remató.
La pata que faltaba
Con el patrocinio de José Alcácer, el empleado bancario Tomás M.E. presentó un escrito y se puso a disposición de la investigación. Fue señalado desde el inicio de la pesquisa como el que proporcionaba datos de las cuentas inmovilizadas. Es un abogado con trayectoria en el Banco de Santa Fe (que hasta 2011 manejó esos depósitos) pero que, junto a la decisión de traspasar las cuentas al Banco Municipal, también fue transferido. Entre jueves y viernes podría ser llamado a declaración.
