La ciudad

Los trasfondos borrosos de una denuncia basada en"rumores y comentarios"

Sábado 27 de Abril de 2019

La denuncia interpuesta contra un docente del Instituto Politécnico por "tenencia de pornografía infantil" parece tener un trasfondo que va más allá de la misma presentación y que se contrapone al principio básico de la Justicia: "Todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario".

En este sentido habría que remarcar al menos tres aspectos que hacen de la denuncia un tema borroso: quiénes y por qué la hacen; cómo actúan los diferentes protagonistas de la misma; y qué pruebas hay al respecto.

La denuncia fue presentada por tres jóvenes mayores de edad, dos de los cuales fueron alumnos del Politécnico pero no tuvieron como profesor a Matías S., y todos ellos fueron docentes en el instituto privado que el inculpado tiene desde hace más de una década. En ese sentido, los denunciantes (Nahuel P., Leticia A. y Rodrigo P.) sostuvieron ante la Fiscalía que conocían desde 2015 los hechos atribuidos, pero sin embargo recién lo denunciaron cuatro años después, tiempo en el que brindaron servicios en el instituto en cuestión. Además, uno de ellos hasta el pasado martes siguió dando clases en el local allanado y tenía programado seguir brindando atención a los alumnos la próxima semana. Los otros dos rompieron su relación por diferencias laborales con Matías S.

De ello se puede desprender que la denuncia se presenta en forma extemporánea y por venganza laboral sin tener en cuenta el perjuicio moral y laboral que le causan al denunciado.

En cuanto a los actores de la misma llama la atención que la Coordinadora de Acción Docente (Coad), representante de los docentes de la Universidad Nacional de Rosario, acompañe a los denunciantes antes de escuchar a quien es su afiliado directo y delegado de los profesores del Politécnico, votado en elecciones de claustro, aunque no alineado a la titular del gremio, Laura Ferrer Varela.

Sobre ello, ayer la gremialista dijo en distintos medios que se había enterado del tema "por comentarios" hechos por los denunciantes y que nunca "habían tenido quejas" sobre el trabajo y accionar del docente. Mientras que la titular del Centro de Estudiantes del Politécnico (CEP), Laura Garat, se sumó a esa denuncia y sostuvo que se enteró por la Secretaría de Género del CEP de que "había rumores pero nada en concreto".

Finalmente queda para analizar el accionar de la Justicia. Alguna vez un viejo pesquisa dijo que "primero hay que investigar y luego detener". Con el profesor acusado se hizo todo lo contrario. Se lo detuvo durante 30 horas sin antes peritar todas las herramientas informáticas con las que trabajaba en su instituto con el fin de detectar si en ellas hay elementos que avalen la acusación. A tal punto que, en la audiencia imputativa realizada el miércoles, la fiscal Alejandra Raigal no exhibió ningún material que lo comprometa.

En síntesis, se detuvo a un docente por una denuncia basada en "rumores" y "comentarios" antes de investigarlo; el gremio al que pertenece no le dio posibilidad de defensa antes de acusarlo públicamente; y el sistema penal expuso sus falencias al detener a alguien antes de investigar invirtiendo la carga de la prueba. Ante la exposición pública hoy Matías S. es culpable y debe demostrar su inocencia. Para otros el profesor es víctima de una trampa tendida sin medir sus consecuencias.

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