Quienes murieron en los 248 femicidios ocurridos entre el 1º de enero y el 20 de noviembre de este año –208 fueron femicidios, 5 transfemicidios, uno fue lesbicidio y 27 fueron femicidios vinculados (cuando hay otra víctima además de la mujer)–, no son las únicas víctimas de la violencia machista. A esas cifras deben sumarse los, y los 274 niños y adolescentes que en el transcurso de 2020 perdieron a sus madres. Las familias detrás de esas muertes, que en la mayoría de los casos se hacen cargo de la crianza, el acompañamiento y cuidado de los chicos que quedaron sin sus padres, siguen pidiendo una mayor presencia del Estado.
Con el rostro de cada una de las mujeres muertas, en el Día de la Eliminación de las violencias contra las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries, padres y madres, hermanas y hermanos, tías y tíos, y sobrinos se convocarán este miércoles 25, a las 18.30, en las escalinatas de la sede de Gobernación, frente a la plaza San Martín.
Eva Domínguez integra la organización Familiares Atravesados por el Femicidio, un espacio donde llevan adelante acciones de acompañamiento, asesoramiento y búsqueda de herramientas para hacer frente a los procesos judiciales que en cada uno de los casos deben atravesar. Un trabajo que hacen visible a través de un sitio web y de las redes sociales.
Como a todos los espacios y organizaciones, la pandemia les puso por delante un escenario mucho más complejo que, aseguran, requiere de una mayor presencia de los agentes de los tres niveles del Estado.
El cambio de gestión y el coronavirus no ayudaron y Domínguez señala que en estos meses quedó frenada “la mesa de trabajo que manteníamos con el gobierno de la provincia para articular acciones y asistencia integral”, y apunta que eso sucedió en casos de familias de Villa Gobernador Gálvez y San Jorge.
La burocracia
Ya en tiempos normales, las tramitaciones de los beneficios de ayuda para las familias y para los niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus madres eran en sí complejos, pero eso se agudizó en este 2020. Y no solo por las trabas del coronavirus, sino además porque “muchas familias perdieron sus ingresos y empleos en la pandemia, y no lograron obtener asistencia”, señaló.
Domínguez remarcó que muchas familias “quedaron afuera del nuevo plan nacional para la asistencia económica por otorgarse solo a 60 días del femicidio”, y reclamó además asistencia para la gestión de los beneficios de la Ley Brisa para los huérfanos de las mujeres asesinadas, un punto que vienen planteando desde 2019.
“En Santa Fe son muy pocos los que hoy la pueden cobrar porque es mucha la burocracia: piden certificados de defunción, tener la guarda firme de los chicos, y que haya un imputado y que el caso esté caratulado como femicidio cuando hoy es homicidio agravado por el vínculo en el contexto de violencia de género”, explicó.
Y para graficar la situación agregó: “Hoy la hermana de Rosalía Jara (asesinada en Fortín Olmos) aún no pudo completar el trámite y tampoco la familia de Paula Perassi que aún continúa desaparecida y sin papeles de su defunción; ellos también necesitan con urgencia esa ayuda”.