Los ex abogados de la biblioteca Vigil denunciaron una "campaña difamatoria"

Los abogados Marcelo Abaca y Marcelo Scalona, ex representantes y colaboradores de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, salieron al cruce del planteo de la comisión directiva que los acusa de poner en riesgo a la entidad a través del pedido de regulación de honorarios presentados en el expediente judicial de liquidación de la biblioteca iniciado en 1977. Los letrados aseguraron que se trata de “una campaña de difamación”.

   “La base de la infamia es argüir que precisamente los dos abogados que conseguimos todos los logros de la recuperación de la entidad ahora seremos quienes la destruiremos, con fabulosos honorarios. Lo que se esconde es en realidad el claro proceso de apropiación de la entidad popular por parte de una sola familia, que se ha constituido allí como un feudo”, señaló Scalona, y advirtió que si bien se pidió la regulación de honorarios, “el juez aún no notificó a la Vigil ni a la Caja Forense de esa presentación, y menos aún determinó cuánto deberá pagarse ni quién deberá pagarlo”.

   Más aún, para Scalona y Abaca, fue “abusivo” que la comisión directiva expusiera el tema “nada menos que en La Plaza de las Madres en el acto del Día de los Derechos Humanos” el jueves pasado. Y recordaron que a lo largo de sus diez años de trabajo, entre 2004 y 2014, fueron “los verdaderos y únicos artífices legales de la recuperación y normalización de la entidad”. Además, recalcaron que su trabajo se basó “siempre en el mandato de las asambleas de socios y, finalmente, con poder general de la entidad normalizada”.

   En un resumen de esa labor, dieron a conocer que a lo largo de esa década llevaron adelante “cientos de presentaciones, conferencias, audiencias, denuncias, informes, dictámenes, entrevistas, viajes, comunicaciones”, y detallaron que el expediente tiene 9 cuerpos, a lo que se suman las actuaciones en la Justicia Federal, en el marco de la llamada Causa Feced y anexas donde hicieron querellas por delitos de lesa humanidad.

   “Hasta participamos en graves denuncias penales contra los administradores de la dictadura y contra los apropiadores del predio de Villa Gobernador Gálvez, y sufrimos en esos casos distintas amenazas”, señalaron los abogados, e hicieron hincapié en que por toda esa labor “hasta la fecha ni siquiera” cobraron los gastos.

   Ya con la renuncia presentada, Abaca y Scalona preguntan y se preguntan “qué están haciendo los directivos de la Vigil con los 10 millones de pesos que la provincia le está pagando desde hace un año y medio”.

Símbolo. Los abogados insistieron en que hasta la fecha “no hay ninguna regulación de honorarios” determinada por el juez e indicaron que “desde el punto de vista procesal, la Vigil no está siquiera notificada de la solicitud”.

   Más aún, consideraron que se trata de “amedrentamiento” y afirmaron: “Lo que nadie dice es que gran parte de los honorarios fueron cedidos y renunciados oportunamente en un acta de comisión directiva, de las últimas en que estuvimos a cargo. Queda preguntarse entonces por qué pedimos la regulación de honorarios; es para tener un valor y reconocimiento objetivo a nuestra tarea, para que nuestros hijos y amigos supieran cuánto fue lo que pusimos en la Vigil. Lo cual jamás fue valorado en ninguna gestión de estos doce años”.