La ciudad

Los empresarios rosarinos pidieron leyes más duras contra la inseguridad

"Primero tenemos que vivir en paz, porque si te matan en la calle, de nada sirve que abordemos temas económicos", sintetizaron

Miércoles 20 de Septiembre de 2017

Empresarios de distintas localidades de la provincia pidieron ayer acelerar el tratamiento de leyes clave relacionadas con la problemática de la seguridad, un tema que pusieron por encima de la discusión en torno a las reformas del mercado laboral y tributarias, impulsadas por distintos actores económicos y el gobierno nacional.

"Primero tenemos que vivir en paz, porque si te matan en la calle, no sirve de nada hablar sobre un tema económico", explicó el empresario Enrique Bertini, padre de Mariano, un joven asesinado en una entradera en barrio Echesortu.

Es más, Maximiliano Ferraro, secretario de coordinación de la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeessa), apeló a un dato contundente para explicar por qué los sectores productivos de la provincia decidieron poner como prioritario el tema de la seguridad. "Nosotros tenemos la triste estadística en Venado Tuerto de cinco comerciantes muertos en el último tiempo por hechos de inseguridad", señaló.

Todos confluyeron ayer en la sede de la Federación Gremial (Córdoba 1868) para manifestar su "preocupación" por los tiempos que se está tomando la Legislatura provincial para definir las reformas de los códigos Procesal Penal y de Faltas, así como la discusión en torno a la desfederalización de los delitos referidos al narcomenudeo.

Sobre este punto, los empresarios insistieron en que desde hace varios años "existe la posibilidad de que las provincias investiguen y juzguen el narcomenudeo, microtráfico o venta de estupefacientes", y dijeron que esa alternativa es viable si se adhiere al artículo Nº 34 de la ley 26.052 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes.

Entre las provincias que ya adhirieron se encuentran Córdoba, Salta, Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa y Chaco.

Los dirigentes empresarios destacaron también que, al término de las 29ª Jornadas nacionales de los Ministerios Públicos, "los consejos federales de procuradores, fiscales generales, defensores y asesores generales y de política criminal emitieron un pronunciamiento que abarcó la narcocriminalidad, y definieron como «óptimo» el modelo que combina una intervención coordinada de la justicia federal y provincial, sea en el marco del actual sistema de desfederalización o en otros más flexibles que puedan surgir de una reforma legal".

Es a raíz de esto que se mostraron convencidos de que la adhesión de Santa Fe "permitirá rápidamente ampliar la asignación de recursos a la investigación y juzgamiento de este delito".

El mismo planteo se realizó también en el norte santafesino, donde la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (Fececo) pidió avanzar con el traspaso de recursos del viejo sistema judicial a actual.

"Es necesario avanzar en el traspaso de la dotación de personal y funcionarios del sistema de conclusión de causas al nuevo sistema de enjuiciamiento penal", señaló Carlos Cristini, integrante del Foro Regional Rosario, que junto con numerosas entidades de la región también consideró que el Poder Judicial "debe dar señales" concretas que permitan fortalecer y acelerar los procesos judiciales.

Las entidades empresarias creen que este traspaso permitirá fortalecer el nuevo sistema procesal penal, al incorporar al mismo mayor cantidad de jueces y fiscales con experiencia para que contribuyan en la atención de la creciente demanda dentro del nuevo sistema.

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