Unas 55 tutoras pedagógicas y coordinadoras encargadas de la aplicación de la Ley Micaela en la provincia, una de las conquistas más importantes de los feminismos, denuncian que se quedaron sin trabajo. El pasado 2 de junio, un día antes del 3J, recibieron un correo electrónico en el que les agradecían por su trabajo y daban por finalizada la relación laboral a partir de julio. A partir del mes próximo, las capacitaciones se realizarán a través de una plataforma virtual que fue desarrollada junto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública y busca transmitir herramientas y construir sentidos comunes. En Santa Fe, el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad garantiza su implementación en todo el territorio provincial. Desde 2020, este grupo de mujeres facilita los contenidos a cientos de agentes estatales. Algunas ingresaron ese año y otras en 2021 y 2022. "La contratación era bajo la modalidad de becarios, que sabemos que encubre una relación laboral precaria. Se trata de una contratación irregular por parte del Estado", explicó a La Capital Sandra Bonfanti.

Además de apuntar contra las condiciones laborales ofrecidas por el gobierno provincial, las mujeres argumentan que había un compromiso "de palabra" de que el programa de tutorías y coordinaciones se extendería hasta fin de año, con una actualización en el mes de julio para evitar perder ante la inflación. Sin embargo, eso no se respetó. "La resolución decía hasta el 30 de junio y contábamos con la renovación. Nos dijeron que íbamos a tener trabajo todo el año. No es lo mismo comprarme una estufa en 12 cuotas sabiendo que contaba con ese ingreso", sostuvo la referente de las trabajadoras.

Se trata de más de 50 psicólogas, comunicadoras sociales, politólogas, licenciadas en Ciencias de la Educación y docentes, entre otras profesiones. Todas se inscribieron a las convocatorias abiertas por la cartera de género y cumplían con los requisitos. Debieron acreditar antecedentes en temáticas de perspectiva de género, de diversidad sexual y derechos humanos y garantizar la conectividad digital, el uso de herramientas y el despliegue de capacidades para realizar el seguimiento a distancia.

Además, argumentan que "la falta de aviso, con anticipación de nuestra posible desvinculación, se da en el marco de un proceso de lucha que recientemente iniciamos por el pase a planta permanente, de acuerdo a lo estipulado en el decreto 0641/2023".

Por un lado, expresaron su malestar por haber sido notificadas a través de un correo electrónico y consideraron que hubiese sido "más respetuoso y auténtico" haberles avisado en diciembre que en junio no necesitarían más de sus tareas para haber podido buscar otros trabajos.

También apuntaron contra la plataforma que las reemplazará. "Nosotras intervenimos moderando los foros de presentación, de debate, chequeando que todos pudieran expresarse y cumplir con las consignas, atendiendo por privado las consultas, asesorando con la ley. Había un intercambio muy personal, un acompañamiento en el recorrido y un humano del otro lado que podía recepcionar las inquietudes particulares", analizó Bonfati en comunicación con este diario. "Esta plataforma no va a producir nada de lo que los padres de Micaela pretenden y por lo que lucharon, un cambio social y cultural. Esto es un retroceso", sentenció.

En ese sentido, las más de 50 trabajadoras indicaron a través de un documento que teniendo en cuenta que "la mayoría de los tutores y coordinadoras son mujeres y disidencias, resulta insoslayable señalar que todo lo anteriormente mencionado constituye una práctica de reproducción de los mismos procesos de feminización de la pobreza, profundización de las desigualdades y violencias por motivos de género que paradójicamente con estas políticas públicas se dicen querer erradicar desde el Ministerio".

Ya consiguieron la adhesión de 50 organizaciones, partidos políticos y dirigentes para exigir la continuidad de la línea de implementación de capacitaciones con tutores y coordinadores y el pase a planta permanente de todos ellos.

Qué dice el Ministerio

El Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia explicó que la convocatoria, realizada mediante la resolución 044/23, establecía que la actividad se desarrollaría por un período de seis meses, del 1º de enero de 2023 al 30 de junio del mismo año.

"La finalización de las tutorías por haberse cumplido el período estipulado en la mencionada resolución no implica de ninguna manera la suspensión de la capacitación de Ley Micaela, que continuará a través de la modalidad no tutorada, asincrónica, desarrollada en conjunto con FLACSO", resaltaron desde la cartera y recordaron que desde el año pasado el gobierno provincial viene llevando adelante distintas alternativas "a los fines de institucionalizar las formaciones de Ley Micaela, no solo a sujetos obligados (trabajadores y trabajadoras del Estado), si no también a instituciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general".

En ese marco, se creó el sitio “Formación para la Igualdad”, al que se puede acceder en www.santafe.gob.ar/leymicaela y que permite compartir con la ciudadanía toda la oferta de formación y capacitación del Ministerio, incluyendo cursos, talleres y diplomaturas y las acciones del Programa Masculinidades por la Igualdad.

En este sitio se aloja la nueva modalidad de Capacitación Obligatoria en género para agentes del Estado Provincial, en cumplimiento de la implementación de la ley. "Es una plataforma que permitió ampliar la capacidad en términos numéricos de personal capacitado. Es decir, esta modalidad permite llegar a más cantidad de agentes provinciales que pueden formarse simultáneamente", distinguieron.

Por último, aclararon que el ministerio encabezó "distintas ofertas académicas en las que participaron tutores y tutoras, a través de convenios con distintas casas de estudios, cuya labor finaliza cuando los cursos culminan".