Tras el rechazo e incluso el pedido de "dejar sin efecto" la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia y la fundación que dirige el sacerdote Ignacio Peries para la implementación en Santa Fe de la ley nacional conocida como "Ley de los 1000 días" -vinculada al cuidado de embarazadas, de niños y niñas en sus primeros 3 años de vida- funcionarias de Salud y del Ministerio de Igualdad y Género de Santa Fe aseguraron que está garantizada "la perspectiva de derechos humanos y género" en la aplicación de la ley en los territorios.
La directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud, Silvina Vaghetti, explicó a La Capital que "la implementación de la Ley de 1000 días está a cargo de una mesa interministerial de la que participan los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social e Igualdad, Género y Diversidad" y detalló que esa es la instancia "donde se diagraman las políticas públicas para la aplicación de la ley en el acompañamiento de las personas gestantes e infancias".
La funcionaria rescató el trabajo conjunto con las organizaciones y señaló "la importancia de que la sociedad, en su conjunto, se comprometan con la implementación de esta ley que tiene como objetivo garantizar derechos".
En ese contexto, Vaghetti afirmó que es la mesa interministerial la que "fija las políticas que garantizan derechos" y señaló que es la misma normativa la que contempla acuerdos de colaboración con organizaciones para la difusión y promoción territorial con fundaciones, organizaciones, universidades y colegios profesionales”.
Una decena de organizaciones
Desde Salud, incluso, destacaron que más allá del acuerdo rubricado con la fundación que conduce el sacerdote Peries, ya se trabaja con otras organizaciones como Mujeres Tras las Rejas y Aldeas Infantiles.
Además de esos dos espacios, Mujeres Tras las Rejas lleva varias décadas acompañando a mujeres -en muchos casos con hijos- privadas de su libertad, la provincia afirmó que también trabaja con autoridades y responsables de las cátedras de Obstetricia y Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), así como de la Universidad Abierta Interamericana y el Hospital Italiano, del mismo que modo que participa la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, la Sociedad Argentina de Pediatría y representantes de colegios de Psicólogos, Trabajadores Sociales, Enfermería y Médicos.
Desde el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en tanto, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Victoria Mántaras, destacó "el objetivo de transverzalizar la perspectiva de género y diversidad en toda la gestión" y señaló que "en el camino de territorializar la implementación de ley se apuesta al involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, mutuales, federaciones, cooperativas, también aquellas de índole religiosa que tienen trabajo en los barrios".
Sin embargo, la funcionaria dejó en claro que ese proceso se lleva adelante "siempre garantizando que los contenidos y lineamientos generales tengan perspectiva de derechos humanos y de género."
Las críticas del feminismo
El rechazo de las organizaciones feministas, de mujeres y diversidades y del Comité Feminista de Rosario se produjo días atrás luego de que la provincia comunicara la firma de un convenio entre la ministra de Salud, Sonia Martorano, con la fundación que dirige el Padre Ignacio para la implementación de la normativa, lo que afirmaron no hace más que "contradecir todas las normativas de derechos humanos de las mujeres y la jurisprudencia internacional".
"¿Por qué un Estado laico delega en una organización religiosa la implementación de aspectos importantes de esta ley que garantiza derechos humanos?", fue apenas una de las preguntas que lanzaron desde las organizaciones de mujeres, feministas y disidencias sexuales que no fueron convocadas a participar de la instrumentación de la normativa.
El Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), el Centro de Estudios Feministas Jurídicos y Sociales (Cefejus), la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, Programa de Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), además de organizaciones como Lxs Safinas, Nanas Socorristas en Red, Mujeres en Ronda de Totoras y Varones Trans y No Binaries Santa Fe se contaron entre las organizaciones que cuestionaron el convenio a través de una serie de comunicados, donde además señalan su "desconfianza en acuerdos con sectores que históricamente han negado derechos, sobre todo al colectivo de mujeres y LGTBIQ+"..
