En Paraná, la capital entrerriana, rige desde junio de 2011 una ordenanza similar a la sancionada el jueves pasado por el Concejo Municipal rosarino, que prohibió el funcionamiento de cabarets y whiskerías. En agosto se endureció la normativa y fueron clausurados locales donde se ejercía la prostitución. Sin embargo, para el sindicato de meretrices de esa ciudad, "todos esos cierres han incrementado mucho más la clandestinidad y la invisibilidad de las compañeras, vulnerando su derecho al trabajo", consideró la dirigente de Ammar Claudia Carranza, quien agregó: "La prostitución, en ninguna de las clases sociales, sea VIP o no, va a desaparecer. Hay que dar opciones a las compañeras para que ejerzan en las mejores condiciones de vida y trabajo".
Según los periódicos paranaenses, ejercen la prostitución en esa ciudad unas 120 mujeres, a las que se agregan las travestis. Y, desde la prohibición de whiskerías y cabarets, aparecieron "caras nuevas" en las esquinas y las disputas por el territorio en la vía pública. Algunos vecinos volvieron a denunciar "zonas rojas".
Una situación similar a lo que funcionarios y políticos locales temen con el cese de la actividad con la ordenanza sancionada el jueves en el Palacio Vasallo.
Las 80 alternadoras que tenían vínculo con el Instituto de la Mujer municipal se verían obligadas a continuar su actividad en las esquinas o en privados (departamentos donde hay sexo pago), lejos del control estatal.
Lo que genera polémica es si el cierre de esos locales contribuye o perjudica la lucha contra la trata, el proxenetismo y el facilitamiento de la prostitución. La capital entrerriana puede resultar un buen espejo para que Rosario se mire.
En junio de 2011 el Legislativo de Paraná sancionó la ordenanza 8.955, definiendo la prohibición de esos locales, y dio un plazo de doce meses para decretar la caducidad de los existentes. El año pasado se endureció la norma, abarcando a casas o locales que, bajo cualquier forma o denominación, permitan que se obtengan un lucro por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros.
Carranza es secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) en Paraná e integrante de la mesa nacional.
Su posición es tajante: "No se resolvió el problema de lo que se pretendía atacar porque la trata de personas tiene que ver con la corrupción policial, política y judicial. Se debería actuar sin vulnerar los derechos de personas que están ejerciendo el trabajo sexual autónomo y por voluntad propia, siendo mayores de edad", expresó a La Capital.
"Los cierres les dieron más clandestinidad a las compañeras, porque trabajar en whiskerías y cabarets no es ilegal. Lo que es absolutamente ilegal es que se usufructúe y cobre dinero con nuestro trabajo", agregó.
Desde la prohibición de los locales nocturnos con alternadoras y bailarinas donde se ejercía la prostitución, Carranza consideró que hubo un retroceso.
"Las whiskerías siguen funcionando en guetos de clandestinidad y esa situación da pie para que muchas personas continúen cobrando de nuestro trabajo: las inmobiliarias, los que hacen los avisos, todo lo que sea trabajo sexual hoy nos vale el doble. Siguen regenteando y clandestinizando y nos preocupa que a muchas chicas dejamos de verlas: están ocultas porque no dejaron de ejercer sino que están invisibles", argumentó.
Contundente, Carranza aclaró: "No se está persiguiendo en su totalidad a los proxenetas. Tampoco veo los nombres de los tratantes de personas. Siempre el hilo se corta por lo más delgado, que somos nosotras".
Frente a la posición de que los cierres de esos comercios impiden la trata, Carranza llamó a hablar "en un sentido amplio".
"Estamos todos de acuerdo en luchar contra ese flagelo y el golpe más duro contra los que ejercen la trata es darles derecho a las trabajadoras sexuales para que tengan poder y entiendan que es un delito y nadie puede vivir de ellas. Pero para eso falta una política que nos contenga", advirtió.
En Ammar admitieron que el proxenetismo obliga a muchas mujeres a ejercer la prostitución. "Deben existir políticas de inclusión social para que aquellas que no quieran trabajar más dejen de hacerlo. Con la prostitución cero, ¿qué opción les deja a muchas de ellas?", se preguntó Carranza.
Fue entonces cuando concluyó: "Se debe contener a largo plazo con trabajo real y no con subsidios".
