Pandemia

Las trabajadoras sexuales, sin ingresos y víctimas de violencia institucional

Agrupadas en Ammar, las mujeres plantearon los excesos de las fuerzas de seguridad y la degradación de sus condiciones de vida

Martes 29 de Septiembre de 2020

Cuando el año empezaba y la pandemia recién era noticia del otro lado del mundo, las trabajadoras sexuales agrupadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (Ammar) conmemoraban un nuevo aniversario del asesinato de Sandra Cabrera, y aseguraban que la misma la violencia institucional que había matado a la fundadora de ese espacio, seguía vigente. Con seis meses de pandemia, condiciones sociales y habitacionales degradadas, la profundización de la violencia que sufren por parte de las fuerzas de seguridad fue el principal reclamo que llevaron en estos días a la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal.

A través de un encuentro que fue virtual, la titular de Ammar Rosario, Gabriela Hemela, y la abogada asesora del colectivo, Vanesa Vargas, avanzaron en las principales problemáticas que atraviesan las trabajadoras sexuales, pero sobre todo la agudización de los contextos de violencia durante la pandemia. Una situación que no es privativo de las trabajadoras sexuales y que, fundamentalmente en los barrios, ya venían denunciando las organizaciones que trabajan con jóvenes en el territorio.

Imposibilitadas de trabajar por las restricciones vigentes en el contexto de la pandemia y sin derechos laborales garantizados, las trabajadores sexuales plantearon sobre todo el deterioro que viene sufriendo en los últimos meses, siendo demás muchas de ellas sostén de sus hogares.

>>Leer más: Trabajadoras sexuales denuncian que recrudecen los abusos de la policía

Si bien Hemela indicó que a través del gobierno provincial unas cien mujeres reciben asistencia alimentaria, los comedores de la Universidad Nacional de Rosario también aportaban un número similar de viandas, y en muchos casos habían accedido al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), recalcaron que la mayor problemática que atraviesan es habitacional. Porque más allá de la ayuda, “no tener ingresos las compañeras no pueden afrontar el pago de los alquileres”, indicó la representante de la asociación.

Encima, la violencia

Sin embargo, el punto central que las llevó a mantener el encuentro virtual con las concejalas fue la profundización de las situaciones de violencia que padecen, que ya venían denunciando desde el año pasado y que tiene en el crimen de la militante por los derechos de las trabajadoras sexuales, impune desde hace 16 años, la causa más emblemática.

Hemela planteó que el año pasado desde Ammar habían denunciado la situación de mujeres que trabajaban en la zona de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno y que habían sido violentadas y privadas de su libertad por el accionar policial.

Esa situación ya había motivado presentaciones en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.“La policía se sigue comiendo el abuso y la trama de violencia todavía existe”, había dicho Hemela ya en enero de este año, para contar que “a las chicas las levantan en un patrullero, las meten en un calabozo, les roban y las violan. Eso pasa pero no denuncian por el miedo que tienen”.

El escenario, a seis meses, no sólo no se modificó, sino que se agravó. Y la dirigente de Ammar afirmó que pese a las denuncias, “esto sigue pasando y es moneda corriente”. Lo que también persiste, señaló la abogada, es el miedo.

“Por lo general hay resistencia a denunciar por miedo de ser víctimas nuevamente de la violencia institucional, pero uno de los elementos para suplir esto puede ser dando visibilidad, sin criminalizar a las compañeras trabajadoras sexuales”, dijo Vargas en el encuentro.

La propuesta de las concejalas de la comisión fue elaborar un pedido de informe. En ese sentido, la vicepresidenta de la comisión e integrante del bloque Ciudad Futura, Jésica Pellegrini, propuso avanzar “en conocer si existe algún andamiaje que esté trabajando en el tema, desde asuntos internos con el Ministerio Público de la Acusación”, y sugirió “establecer un canal de comunicación con instituciones que trabajan sobre la problemática alquileres y consumidores” para dar una respuesta ante la demanda habitacional.

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