La ciudad

Las meretrices advierten que "recrudeció la violencia institucional"

Ammar, la organización que las nuclea, denunció "requisas y detenciones ilegales" y hasta "cobro de coimas por parte de la policía".

Domingo 19 de Agosto de 2018

Georgina Orellano es la secretaría general de la Asociación de las Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), organización que busca la derogación de las normas que criminalizan el trabajo sexual y el reconocimiento de derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Para Orellano, en los últimos años recrudeció también la violencia institucional, que se traduce en "hostigamiento, requisas ilegales, detenciones ilegales y cobro de coimas por parte de la policía".

   La dirigente de Ammar participó hace unos días de un debate sobre trabajo sexual que se desarrolló en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde advirtió que aún en aquellas provincias donde se derogaron los códigos que penalizaban el trabajo sexual, "no ha cesado la violencia que sufren las compañeras".

   En el país, la prostitución no se considera un delito. Sí lo es la explotación sexual, tanto para el Código Penal como para la ley de trata. Ambas normas buscan combatir la trata de personas y la figura del proxeneta, quien lucra con la actividad de las mujeres. Una situación que plantea una línea divisoria entre quienes ofrecen sus servicios sexuales por voluntad propia y aquellos que lucran con la actividad de terceros. Aunque, en la práctica, estos límites no siempre sean muy claros.

   En la provincia, hace ocho años se derogaron los artículos del Código de Faltas que penaban el trabajo callejero: las figuras de prostitución escandalosa, ofensa al pudor y travestismo, que criminalizaban la prostitución en la vía pública y habilitaban situaciones de hostigamiento, detenciones arbitrarias o cobro de coimas por parte de la policía. Tres años después, el Concejo Municipal prohibió la habilitación de cabarets, whiskerías y casas de alterne.

Denuncias

"Permanentemente estamos recibiendo denuncias que nos hacen llegar las compañeras. Obviamente, en las provincias donde siguen vigentes los códigos contravencionales, la situación es peor. En las provincias más conservadoras, donde la Iglesia está enquistada en el Ejecutivo, es imposible generar un puente de diálogo y otro tipo de políticas públicas", apuntó.

   Ammar viene preparando un proyecto de ley sobre trabajo sexual autónomo. La iniciativa propone crear un registro único en el Ministerio de Trabajo, la habilitación de cooperativas de trabajadoras sexuales autónomas, el otorgamiento de becas y la creación de la categoría trabajo sexual en el Monotributo para habilitar el acceso a obra social, aportes jubilatorios, créditos, vivienda, entre otros derechos.

   Una propuesta similar ingresó hace cinco años a la Legislatura, pero apenas llegó a discutirse en la comisión de Trabajo y perdió estado parlamentario.

   Para Orellano, el debate resulta impostergable. "Lo que planteamos es que el trabajo sexual es una realidad que existe, que no podemos mirar para otro lado ni la podemos seguir ocultando. Por eso tenemos que hablar de qué tipo de trabajo sexual preferimos; clandestino, bajo el poder de la policía, o uno legal; con un Estado presente que garantice nuestros derechos humanos y laborares".


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