Las medidas más importantes contra el flagelo de la violencia y la inseguridad analizadas en la Legislatura, y que están bajo la lupa de los diputados y los senadores santafesinos, son:

► Reforma al Código Procesal Penal: modifica la duración y los requisitos para la detención, facilita la aplicación de la prisión preventiva, aumenta las medidas y controles de las medidas alternativas, otorga más facultades a los querellantes, reduce la necesidad de audiencias dando más funciones a los fiscales, establece plazo para que los jueces realicen los juicios, y la obligatoriedad del juicio de flagrancia para esos supuestos.

► Traspaso de todos los fiscales y empleados de la vieja justicia penal al Ministerio Publico de la Acusación: cerca de 40 fiscales y empleados del sistema judicial que hasta ahora tenían el derecho de optar ser transferidos, pasarían a la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

► Ley de decomiso y administración de bienes: crea un registro único de bienes cautelados y decomisados y un organismo específico que los administre, como política de recupero de activos para abordar a bandas organizadas y apuntar al poder económico con el que se sostienen.

► Código Contravencional: De prosperar, la investigación de las faltas quedará a cargo de los fiscales. Se trata de una franja previa al delito y abordará temáticas relativas al entorno de los estadios de fútbol, pintadas, disturbios en las calles, ocupaciones de espacios públicos, entre otras.

► Ampliación cantidad de fiscales: prevé la ampliación de la cantidad de fiscales titulares y adjuntos para las 5 circunscripciones de la provincia.

► Ley de desbaratamiento de kioscos de drogas: apunta esencialmente a atacar los kioscos de venta de drogas con la intervención de jueces y fiscales provinciales asumiendo causas que ahora son exclusivas del fuero federal.