El "efecto Tribunales" sigue vigente. Desde la semana pasada y en la jornada de ayer, las falsas
amenazas de bomba fueron de tan sólo una o dos diarias. La ola de intimidaciones hechas en su gran mayoría por estudiantes provocaron el colapso de la Brigada de Explosivos, patrulleros y agentes municipales, con un pico histórico de 41 llamados el 1º de septiembre pasado. Todo hace suponer que la situación regresó a la "normalidad".
Desde que el fiscal Gustavo Ponce Asahad imputó los delitos de intimidación pública a dos madres y un joven de 20 años, la cantidad de llamados amenazantes al 911 cayó abruptamente.
Los allanamientos se concretaron el 5 de este mes y derivaron en la detención de dos mujeres y un joven. En los procedimientos judiciales se secuestraron seis celulares y una escopeta.
Las diligencias judiciales se realizaron en Gorriti al 5100, Coulin al 2600, Virasoro al 3700, Caminito al 3600, Martínez Estrada al 7900, Pasaje Gomensoro al 1400 y Carriego al 1900.
Las madres de alumnos fueron llevadas al banquillo de los acusados en medio de la conmoción pública por la ola de llamados apócrifos alertando la presencia de bombas en distintos colegios.
Si bien el fiscal había pedido 30 días de prisión preventiva y una caución de diez mil pesos, el juez de primera instancia, Carlos Leiva, dictó el procesamiento de los imputados y los liberó.
De esta forma, Silvina Guadalupe B. y Carla Lorena M., madres de adolescentes que cursan sus estudios en la Técnica Nº 431 (Entre Ríos al 100) y la ex Técnica Nº 5, de Corrientes al 600 y Eber Hugo A., un joven de 20 años que estudia en la Técnica Nº 468 Luis Laporte, quedaron vinculados al proceso, pero en libertad.
Hace una semana, la cifra de falsas amenazas cayó en forma estrepitosa. De los 41 llamados registrados en el 911 el pasado 1º de septiembre descendió a sólo dos el martes pasado. La tendencia se mantuvo desde entonces.
Voceros de la Brigada de Explosivos mencionaron ayer que fueron uno o dos los llamados a las escuelas que se sucedieron luego de que se les abriera una causa judicial a los padres de chicos que habían alertado falsamente al 911 sobre la presencia de bombas.
La Fiscalía a cargo de Ponce Asahad eligió ayer la cautela y el trabajo en silencio en el marco de las investigaciones para dar con más responsables de haber producido llamados intimidatorios.
Hasta las semana pasada se habían identificado 50 teléfonos en el marco de 300 comunicaciones con origen falso. La inversión pública para afrontar los operativos de despliegue que ocasionó la ola de llamados falsos fue ya de 5,3 millones.
