Las familias que el jueves pasado fueron desalojadas del terreno de Circunvalación y Maradona mantienen una olla popular en las inmediaciones del predio a la espera de una nueva reunión con funcionarios de la provincia y el municipio para encaminar el reclamo por la falta de acceso a programas de vivienda. Este lunes acercaron a las autoridades de Hábitat de la provincia un listado con los datos de unas 200 personas, todas sostén de hogar con niños a cargo, que viven hacinadas con otros parientes o pagan unos 16 mil pesos para alquilar una habitación construida en el fondo de alguna casa del barrio.
Desde hace diez años se calcula que en Rosario hay unas 50 mil familias con problemas de vivienda. La cifra se divide en partes iguales entre sectores asalariados de ingresos medios y segmentos de menores recursos que habitan en barrios populares.
La estimación seguramente haya quedado chica, no sólo por el crecimiento de la población sino por la falta de políticas públicas masivas de acceso a la vivienda desarrolladas en los últimos años. El dato certero se conocerá con precisión cuando empiecen a consolidarse los resultados del último censo.
“En Rosario el problema no es tanto el acceso a la vivienda sino el acceso al suelo, hay un déficit de acceso al suelo”, advierte el subsecretario de Planificación de Hábitat de la provincia, Ignacio Rico. El funcionario explica que el mayor problema que se presenta en la ciudad es que las familias no pueden acceder a terrenos con servicios donde construir sus viviendas.
Históricamente, dice, “se ve en los barrios creados en la periferia que las casas arrancan siendo de chapa y se transforman en construcciones de material, lo que indica que en los sectores populares la dificultad no es la vivienda, sino el acceso al suelo”.
Para el funcionario, el impedimento para acceder a lotes es el que está detrás de las tomas de terrenos como el que se produjeron hace nueve días en el extremo oeste rosarino. “Desde la provincia estamos tratando de resolver ese problema tomando en cuenta el respeto de la propiedad privada, el derecho del dueño de la tierra y la realidad de las familias que están viviendo hacinadas. No siempre se contradicen”, afirma.
Una tregua
Los vecinos que hace diez días comenzaron a subdividir un predio en la zona oeste tuvieron una primera reunión con las autoridades de las áreas de vivienda de la provincia y el municipio el viernes pasado. Allí entregaron un listado de las familias del barrio que “no tienen un lugar donde vivir” .
La nómina incluye los nombres y apellidos de 233 familias, todas con hijos menores de edad. Para la mayoría, la principal fuente de ingresos son planes sociales como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, que refuerzan con changas o trabajos informales.
En el 80 por ciento de esos hogares el único sostén es femenino. Las mujeres no sólo aportan los ingresos para pagar el alquiler o alimentar a los niños, sino que también se encargan de su cuidado, de acompañarlos en su escolaridad o el resto de sus actividades.
Todos estos datos, más los números telefónicos de algún referente de cada uno de estos grupos están en las manos de los funcionarios públicos que serán los encargados de relevarlos y constatar las condiciones de vida de cada familia, lo que en términos administrativos se denomina un “informe ambiental”.
