Rocío Daiana Gómez tenía 17 años en febrero de 2011 cuando nada más se supo de ella. Fue hallada asesinada y mutilada seis meses después luego de un demorado allanamiento en la casa de su pareja. Fue un año antes de la aprobación de la ley que incorporó el agravante de femicidio al Código Penal. Ese hecho espantoso tuvo un tratamiento judicial que dejó una sensación amarga. Salvo para la madre y algunos pocos que militaron el contexto de violencia previa, quedó cerrado y sellado con una condena exigua para el principal acusado. Pero además, el caso marcó la exasperante desidia del Poder Judicial, que no escuchó las advertencias de la madre de Rocío apenas desapareció. Un peregrinar doloroso y angustiante.

El principal acusado de matar salvajemente a Rocío, Juan José “Pijuán” Lazo, de 42 años, fue detenido luego de estar prófugo varios meses. Tras un juicio tramitado bajo el viejo sistema escrito que recién se cerró en 2014 cuando se agotaron todas las instancias, recibió una pena de 15 años de prisión por el homicidio y la privación de la libertad de la madre y el padrastro de Rocío.

Sabor a poco para un caso del que este diario fue testigo de la “ruta crítica” que transitó incansablemente Norma, la madre de la víctima. Gritó y rogó todos los días delante de un viejo juzgado de Instrucción para que escucharan su testimonio apenas denunció la desaparición de su hija. Casi suplicaba que le dieran crédito a sus sospechas sobre el lugar donde la tenían secuestrada y la mataron quienes luego fueron hallados culpables del atroz crimen.

Como pasa todavía con cientos de víctimas, Norma deambuló por los Tribunales. En una nota que publicó este diario el 4 de septiembre de 2011 la mujer expresaba que el Poder Judicial, al menos en ese momento, actuó con absoluto desdén durante meses.

“No sé por qué no me creyeron. Se pensaron que estaba narrando una película. Siempre les dije que mi hija estaba enterrada en la casa de Juan, y los restos los encontraron en donde ese tipo había tenido un bar”, relató la mujer en ese momento mientras esperaba conocer pericias forenses que luego determinaron que los restos hallados en esa casa de Martín Fierro al 600 que ella apuntó, eran los de su hija. En febrero había advertido al juzgado lo que ocurría con su hija, pero el allanamiento en la escena del crimen lo ordenaron en agosto, seis meses después.

Aprender a escuchar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Ruta Crítica como el proceso que se construye a partir de las decisiones y acciones que ejecutan las mujeres víctimas de violencia, y las respuestas encontradas en su búsqueda de soluciones cuando deciden romper el silencio ante una situación que las pone en riesgo.

Ese concepto fue tomado por el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo Santa Fe en un trabajo que se plasmó en la publicación de un libro. “Ruta Crítica” y “Reescribiendo historias entre mujeres” en 2017. Arrojó interesantes definiciones a partir de escuchar a mujeres que desandaron un camino escarpado, repleto de obstáculos antes de obtener una respuesta administrativa o judicial.

Con el concepto de Ruta Crítica se reconstruye la lógica de las decisiones, acciones y reacciones de las mujeres afectadas, así como la de los factores que intervienen en este recorrido. “Los factores se interrelacionan entre sí y actúan sobre la subjetividad de las mujeres para fortalecerlas o debilitarlas en su decisión de iniciar y continuar una ruta de búsqueda de ayuda y soluciones”, explicó a LaCapital Octavio Bassó, psicólogo coordinador del trabajo elaborado junto a otros profesionales.

El profesional indicó que “esa subjetividad termina siendo la dimensión en la que se construye el sentido del proceso de la Ruta Crítica, y la que explica cómo un mismo elemento puede convertirse en factor impulsor o inhibidor”.

Evitarla y sobrevivir

Según desgranó Bassó, las mujeres comienzan a recorrerlo “primero en sus pensamientos, razonamientos y en las decisiones que toman en relación a lo que viven. La investigación refleja, que las mujeres no fueron pasivas frente a la violencia machista, por el contrario, permanentemente pensaron y elaboraron estrategias para evitarla o sobrevivir a ella”.

Y en ese tránsito quedan en medio de un proceso complejo, no lineal, que implica avances y retrocesos. “Pueden parecer contradictorios o hasta irracionales, pero a menudo son el resultado de razonamientos, evaluaciones de situación y estrategias que guían las decisiones y acciones. Así van construyendo la búsqueda de alternativas para una vida libre de violencia. Por lo tanto, en muchas ocasiones, constituyen estrategias de supervivencia. Se trata de algo mucho más amplio que la ruta de una denuncia”, aclaró el psicólogo.

¿Qué sectores sufren más la vulneración de derechos? A los operadores judiciales aún les cuesta escuchar, explicar, facilitar, guiar y entender a las víctimas con menos recursos culturales y simbólicos.

_Pese a la incorporación de la figura del femicidio los procesos judiciales son lentos y no siempre garantizan el derecho. Los operadores judiciales aún no están capacitados para dar respuestas ante las urgencias y el riesgo de vida de las mujeres, y frente a la vulnerabilidad de las víctimas”.

Igualmente Bassó entiende que el Poder Judicial “es uno de las instituciones imprescindibles en este camino. Que con sus intervenciones inhibe el camino o la impulsa. En las inhibiciones se encuentran las violencias institucionales que reciben las mujeres cuando concurren a esa institución”.

Por eso opina que lo importante “es hacer conocer que cuando esas intervenciones son efectivas, en el marco de derechos y perspectiva de género es muy favorable en como repercute en las mujeres.

Núcleo ideológico patriarcal

¿Hay avances en estos últimos años en relación a facilitarle a las víctimas respuestas rápidas y efectivas en términos administrativos y judiciales?

_Puede que existan algunos pequeños avances, sobre todo impulsado por trabajadores y trabajadoras que se han incorporado en el último tiempo al Poder Judicial, con otra formación y otra perspectiva para abordar la violencia contra las mujeres. El núcleo ideológico del Poder Judicial es patriarcal por tanto, hasta que ese núcleo no se conmueve, se permeabilice y modifique, gran parte de sus acciones serán en desconocimiento o negación de lo que implica, las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres. Se considera que el abordaje interdisciplinario es el mas efectivo en cuanto a tener diferentes perspectivas. La violencia de género tiene múltiples causas”.

La respuesta punitiva no es la solución

Desde la agrupación La Colectiva de Abogadas Translesbofeministas de Rosario, que viene apuntalando la perspectiva de género en el ámbito judicial, valoraron el informe sobre la “Ruta Crítica”.

“No solo porque es indispensable hablar de qué es lo que pasa una vez que se rompe el silencio, sino porque en ese trabajo lo cuentan las protagonistas en primera persona. Sus voces son escuchadas, tenidas en cuenta y compartidas”, indicó Vanesa Vargas, abogada litigante de La Colectiva.

“La sugerencia que comúnmente escuchamos a quienes transitan violencias por razones de género «que denuncien» no es per se una solución a la problemática, sino que lejos de ello depende cuáles son las herramientas con las que se encuentran las mujeres luego de hacerlo, o con las que no se encuentran”, recalcó sobre los abordajes.

“Suele pensarse a la intervención del Estado únicamente desde la perspectiva penal. Esto no es así, el Estado debiera dar respuesta desde la inmediata toma de conocimiento del caso y brindar soluciones eficientes que muchas veces nada tienen que ver con lo penal”, advirtió la profesional.

“Tomar la decisión de romper el silencio, de contar qué violencia vienen resistiendo hace tiempo no es para nada fácil, menos aún si cuando intentan hacerlo hay sujetos y sujetas externas que no brindan una respuesta que genere confianza”.

Según esa interpretación, “dar una respuesta que dé confianza no siempre quiere decir que le aseguren (a las víctimas) que todo va a cambiar o va a estar bien, sino que tiene que ver con otras cuestiones que el Estado sí puede y debe garantizar de acuerdo a los compromisos asumidos constitucionalmente”.

“Eso se debe traducir puntualmente en una escucha activa con un análisis no generalizado de los casos, brindar herramientas que resguarden su integridad física y emocional. Y lo que es fundamental y que dentro de nuestro país todavía no se aplica, que es otorgar herramientas económicas que permitan tener alguna expectativa de que salir de esa violencia no les impedirá sobrevivir ni a ellas ni a sus hijos".

Vargas cita un texto de Elena Larrauri Pijoan, catedrática de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Pompeu Fabra​ donde se plantea como hipótesis ¿por qué retiran las mujeres maltratadas las denuncias?. "El no denunciar o decidir retirar la denuncia por estos factores, por el miedo que generan, no es para nada irracional”, reflexiona.

Trabas en el mostrador

“Quienes litigamos en la provincia de Santa Fe cuestiones relacionadas a violencias, tanto en el fuero Civil como en el Penal, nos encontramos con obstáculos para nuestras representadas que a veces parecieran irracionales, con planteos de funcionarias y funcionarios completamente vacíos de perspectiva de género, algunos quizás con más voluntades que otros”, refleja Vargas a partir de su recorrido por el Poder Judicial.

“Es cierto que hay agentes fiscales con mucha formación y compromiso en la materia, pero no son la mayoría. Hacen falta más. El feminismo viene a tejer esas redes que son necesarias para atravesar esos procesos con contención y compañía. Son muchas las organizaciones que acompañan a personas que deciden o les toca involuntariamente atravesar procesos judiciales”.