La provincia se presentó ayer en los Tribunales provinciales para denunciar destrozos en la sede
del Ministerio de Desarrollo Social de 27 de Febrero y Alvear, amenazas e intimidaciones al
personal y también para exigir la liberación de los ingresos al edificio. En este sentido, fue el
titular del área, Pablo Farías, quien reveló cuál será la posición del gobierno santafesino frente
a la protesta social. “Los piquetes no podrán impedir en forma indeterminada la circulación,
ni tampoco pueden agredir a personas o bienes. Se debe permitir el tránsito, sobre todo en grandes
avenidas y accesos a la ciudad”, fundamentó el
funcionario.
Desde la semana pasada, vecinos de las villas Vía Honda y Avellaneda
Oeste apostaron un piquete en 27 de Febrero y Alvear, frente a Desarrollo Social, y provocaron un
caos vehicular en uno de los accesos a Rosario, en el parque Independencia.
El pico de tensión se produjo el lunes, cuando de la protesta se tiñó de
violencia. Hubo piedrazos y destrozos en los techos, fachada y vidrios del edificio público e
intimidaciones a los empleados de la repartición por parte de los manifestantes, quienes exigen
subsidios de 300 pesos por grupo familiar, chapas y copas de leche.
Farías se presentó ayer ante la Fiscalía en turno para radicar la
correspondiente denuncia en función de varias constataciones de un acta policial, en donde se
identifican al menos cuatro personas.
El escrito se basa en la destrucción del patrimonio público, amenazas a
funcionarios y la imposibilidad de que el edificio funcione ante el piquete. “Pedimos el
urgente desalojo para que los trabajadores puedan estar en sus lugares, es decir que se garantice
una vía de acceso. Creemos que es necesario cambiar y poner límites, porque el derecho de protesta
no puede vulnerar otros derechos, y menos generar situaciones de violencia”, afirmó Farías.
El funcionario consideró “inadmisibles” los piquetes por
tiempo indeterminado, “más aún en las vías de mucho tráfico o accesos a la ciudad” y
llamó a promover “mayor convivencia con límites a los excesos”.
En esta divisoria de aguas, Farías ejemplificó: “Hay que permitir
la circulación, y si hay un corte, que sea transitorio, sin agresiones”.
En este contexto, el titular de Desarrollo Social se mostró preocupado
por las “movidas orientadas a generar un clima de inseguridad, sensación de caos que podría
tener una intencionalidad política con el fin de obtener un beneficio adicional. No hay que pasar
por alto estas situaciones ni dejarse llevar por presiones, sino establecer un mecanismo de diálogo
y consenso para luego dirigir la asistencia desde el Estado”.
