La ordenanza antilavado de dinero que este jueves envió al Concejo el intendente Pablo Javkin también pone la lupa sobre los dueños de chapas de taxis y remises, un rubro en el que algunas bandas narcocriminales incursionaron en los últimos tiempos. Ahora, la Intendencia intensificará un sistema de alertas que encenderá luces amarillas cuando se detecte que una persona (humana o jurídica) posee más de dos licencias de explotación.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que el año pasado ingresó al Concejo Municipal un informe oficial que reveló que el entorno del jefe de la barrabrava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, administraba media docena de chapas de taxis. La primera fue adquirida en junio de 2003 y la última en enero del año pasado, todas bajo el régimen “explotación por tiempo indeterminado”.

Las chapas de taxis también aparecieron vinculadas a la banda narco de Los Monos. Es más, en 2013 una pesquisa judicial ya había detectado como titulares de licencias a dos mujeres vinculadas a la organización delictiva liderada por la familia Cantero.

Ahora, y en este rol más activo que pretende darle Javkin al municipio en la persecución del delito, la ordenanza antilavado también busca controlar más de cerca este rubro.

En efecto, el flamante Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones que deberá analizar el Concejo tiene por objetivo alertar, siempre dentro de la competencia municipal, cada vez que se detecte un flujo sospechoso de dinero.

La norma amplió la ordenanza que había sido impulsada por el ex concejal Roy López Molina en momentos en que el luego asesinado empresario narco, Luis Medina, desembarcó con la franquicia del boliche Esperanto en la esquina de Presidente Roca y Zeballos.

Esa norma solicitaba que se demostrara el origen de los fondos en inversiones inmobiliarias de propiedad horizontal y boliches, y ahora Javkin se propone ampliarla a hoteles, hostels, playas de estacionamiento y las licencias de taxis y remises.

Cerrar el grifo

El sistema de alarmas sobre quien tenga más de dos chapas de taxis o remises se sumará a una ordenanza aprobada el año pasado que estipula como causa de caducidad de las licencias o caución de las mismas el hecho de que el titular reciba una sentencia firme o sea acusado de cometer algún delito complejo.

De este modo, el municipio posa la lupa sobre el flujo de dinero proveniente fundamentalmente del narcotráfico en una ciudad que sufrió una explosiva expansión inmobiliaria en la última década.

Ese dinero no solo se plasma en ladrillos, sino también en chapas de taxis, playas de estacionamientos, hoteles, bares y guarderías náuticas.

En el caso de los taxis, un informe oficial que llegó al Concejo en febrero del año pasado reveló que “Pillín” Bracamonte no tenía taxis a su nombre, pero señaló que hay media docena de chapas en manos de su círculo íntimo, más concretamente dos administra su hijo y cuatro su ex mujer.

De acuerdo a los datos oficiales, las seis chapas en manos de familiares de Bracamonte se adquirieron entre el 18 de junio de 2003 y el 31 de enero de 2020, todas bajo la modalidad transferencia.

Unos años más atrás, en 2013, cuando la División Judiciales avanzaba en la investigación que conducía el ex juez de Instrucción Juan Carlos Vienna contra la banda narcocriminal de Los Monos, se analizó la base informática de la Dirección General de Fiscalización del Transporte de la Municipalidad y se encontró como titulares de licencias a dos mujeres vinculadas al clan.

Es decir, ya hubo datos certeros de que grupos vinculados al delito y su entorno cercano también habían invertido en chapas de taxis y remises.

Así las cosas, con esta nueva ordenanza antilavado, el municipio busca tener más injerencia en el combate contra el delito y cambia paradigmas que hasta hace menos de una década eran impensados, ya que anteriores gestiones repetían hasta el cansancio el axioma de que “la seguridad es competencia provincial”.

Flexibilizan las condiciones para las 500 nuevas chapas

Por otra parte, la Municipalidad prorrogó hasta el próximo 8 de mayo el plazo de inscripción para acceder a una de las 500 chapas de taxis que pondrá en el sistema en un intento por fortalecer la escasa oferta de unidades.

Además, remitió un proyecto al Concejo en el que se da más facilidades para la adquisición de las licencias y se permite que los autos tengan una antigüedad de hasta 4 años.

Esta modificación se justificó en “la cambiante y delicada situación económica actual que atraviesa nuestro país” y en las dificultades de acceso a crédito, tanto para el pago del canon locativo como para la compra de nuevas unidades destinadas a la prestación del servicio.

También se destacó que dadas las condiciones del mercado automotriz actual, “no hay disponibilidad con entrega inmediata de unidades cero kilómetro, y en caso de haberlos adquiridos con anterioridad, no hay plazos efectivos y certeros de entrega de los mismos”.

Estas medidas habían sido solicitadas por las distintas cámaras que aglutinan a los taxistas rosarinos y eran necesarias para que prospere la convocatoria que tiene por objetivo sumar unidades en la calle.