Los concejales de la oposición insistieron ayer en que el municipio les presente "información relevante" sobre los números del transporte público de pasajeros, antes de buscar avanzar en la discusión sobre la propuesta de un aumento adicional de la tasa general de inmuebles (TGI) solicitada la semana pasada por el Ejecutivo junto con el proyecto de presupuesto 2018.
De todos modos, la discusión aparece atada al recambio de autoridades del Concejo, que deberán estar definidas para el próximo 29 de noviembre. Por eso, oficialistas y opositores creen que esta semana será clave para el futuro no sólo de la viabilidad del aumento extra del 15 por ciento de la tasa si no también su conformación de cargos y comisiones a partir del próximo 10 de diciembre. Vale recordar que hasta esa fecha sólo quedan tres sesiones.
Los ediles de distintos bloques de la oposición consultados coincidieron que de otorgar un incremento adicional de la tasa "debería estar en sintonía con la inflación". Traducido: no mucho más allá del 23/24 por ciento de incremento. O sea, al 18 por ciento ya autorizado por el Concejo para el año próximo podrían añadirle la mitad o menos de lo solicitado la semana pasada por el Ejecutivo, que de ser así cree que "no servirá de mucho", apuntaron.
Según las cuentas oficiales, cada punto adicional de TGI representa un millón de pesos para las arcas municipales, migajas respecto de un presupuesto de 16 mil millones como el estimado para el año próximo.
Sin embargo, todas las partes coincidieron que el futuro sistema de transporte —que para el Ejecutivo sería ideal ponerlo en marcha entre enero y febrero— necesita una inyección de recursos para arrancar. Por eso el aumento de boleto firmado en la intendenta Mónica Fein para inicios del año próximo y el pedido ahora de unos 120 millones de pesos vía el aumento extra de la tasa del 15 por ciento.
Por eso tampoco descartaron una autorización de más recursos, así como la formalización del pedido al Estado provincial para que aporte más recursos al fondo compensador. Y a Nación para que frene el recorte de subsidios y apruebe finalmente la homologación de la tarjeta Movi con la Sube, que redundaría en beneficios adicionales para distintos sectores sociales, fundamentalmente los de menores recursos.
El Concejo Municipal aprobó en su última sesión un pedido de informes de autoría del concejal Eduardo Toniolli, en el que se solicita al Ejecutivo información relevante sobre el transporte público de pasajeros de la ciudad, de cara al debate sobre el presupuesto local, en el que la Intendenta Fein incluyó una propuesta de aumento del TGI con el fin de engrosar el Fondo Compensador del Transporte.
La solicitud, votada por unanimidad por el cuerpo legislativo local, requiere el detalle anual —durante el período 2007/2017— sobre cantidad de pasajeros transportados, kilómetros recorridos (teóricos, y efectivamente efectuados), contravenciones registradas y multas aplicadas, accidentes de tránsito protagonizados por la flota del TUP, consumo total de combustible y costo anual insumido, por cada línea y empresa del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario.
Al respecto, el concejal del PJ señaló que "hace varios lustros que la Municipalidad de Rosario no publica información sistemática sobre el transporte público de la ciudad, de hecho desde el Observatorio Social del Transporte hemos tenido que reconstruir parcialmente esos números juntando información dispersa no accesible a la ciudadanía", señaló. Agregó que "ese retaceo obedece a un intento por ocultar que el servicio de colectivos local ha perdido en los últimos 20 años un 40 por ciento de usuarios, y —en un factor que explica en parte ese éxodo de parte de la población a otras formas de traslado— también perdió en ese mismo período, el mismo porcentaje de kilómetros recorridos, lo que redundó en un considerable recorte de frecuencias".
Servicio público de reciclado
Distintas organizaciones sociales y no gubernamentales, así como algunos bloques del Concejo Municipal, volverán a tratar en un proyecto de creación de un servicio público de reciclado —que incluye la participación de vecinos y recicladores urbanos—, algunos de cuyos dispositivos requieren financiamiento con recursos obtenidos por la concesión del relleno sanitario. La iniciativa será tratada mañana en la comisión de Servicios Públicos.