Sectores de la oposición en el Concejo cerraron filas y manifestaron ayer su rechazo a la iniciativa que, por estos días, estudian los funcionarios del Palacio de los Leones para incluir en el próximo presupuesto: un mecanismo de ajuste automático de la tasa general de inmuebles (TGI) en función del incremento de los servicios que presta el municipio. "Es una propuesta netamente economicista, muy poco propia de un gobierno socialista", apuntó el presidente del bloque Radical, Jorge Boasso. "Constituye una falta de respeto a la calidad institucional", sostuvo el referente del Partido del Progreso Social (PPS), Héctor Cavallero, entre otras airadas críticas.
Incluso hombres del bloque Unión PRO Federal, mirado en el Concejo como el posible aliado del socialismo para que prospere el proyecto, manifestaron sus reparos. "Hay una cuestión inflacionaria que no se puede negar, pero por otro lado vemos también la gran deuda que tiene la ciudad respecto a la infraestructura y servicios que se prestan en los barrios. Por eso, podemos sentarnos a discutir si es conveniente y legal un ajuste automático, siempre y cuando se garantice que el aumento servirá para paliar las situaciones de extrema necesidad que se vive en algunas zonas", explicó el edil Alejandro Rosselló.
Como reflejó La Capital en su edición de ayer, la secretaria de Hacienda municipal, Verónica Irízar, señaló que se está analizando "técnica y políticamente" la posibilidad de incluir una fórmula para acomodar los montos de la TGI al costo de la prestación de los servicios como iluminación, barrido y limpieza. La idea no es nueva: ya la había esbozado a poco de asumir la intendenta Mónica Fein.
El sistema está en vigencia en varios municipios santafesinos, entre ellos la capital provincial, que trimestralmente han subido sus tasas entre 6 y 8 por ciento, acumulando un aumento anual del 25 por ciento.
En Rosario, la última suba de la TGI se aprobó en diciembre del año pasado y fue del 60 por ciento, un incremento que permitió mejorar los ingresos del municipio pero que, según señaló Irízar, hoy "no llega a cubrir el 50 por ciento del costo que le insume al Ejecutivo los servicios públicos básicos".
De ese modo, la opción de una suba automática permitiría "ajustar trimestralmente con porcentajes bajos que una sola vez al año con montos mayores", explicó la funcionaria.
El antecedente. Para varios concejales opositores, la iniciativa tiene un antecedente cercano: la delegación de poderes a la intendenta para aumentar el boleto del transporte urbano de pasajeros, aprobada en diciembre pasado. La norma habilita, a lo largo de un año, la posibilidad de subir el precio del viaje si el desfasaje con los costos del servicio alcanza el 15 por ciento.
La capacidad de fijar los valores de la TGI es potestad del Concejo y muchos advierten que detrás de la propuesta de incorporar una fórmula de ajuste se esconde la intención de "esquivar" el análisis del cuerpo.
"La TGI no es sólo una contraprestación por servicios. Tiene un componente social que hay que estudiar. Y para eso está el Concejo, para evaluar la oportunidad o la conveniencia de aplicar determinados costos en la tasa. No son cosas matemáticas", advirtió el titular del bloque Encuentro Por Rosario, Diego Giuliano.
El planteo fue compartido por Cavallero, quien directamente consideró "ilegal" la propuesta ya que "una ordenanza no puede eliminar la ley que regula el funcionamiento de los municipios y dice claramente que fijar los valores de las tasas es potestad del Concejo".
Pero también advirtió: "En sus últimas declaraciones la intendenta manifestó un profundo desprecio por la calidad institucional y el funcionamiento del Concejo, por ejemplo, cuando frente a la declaración de la emergencia en violencia de género nos mandó a recorrer la ciudad, cuando lo hacemos permanentemente".
En deuda. A su turno, Boasso, tampoco ahorró críticas. "Es una locura. Los recursos del municipio no se limitan al Drei (Derecho de Registro e Inspección) o a la TGI, la coparticipación provincial y nacional tienen una incidencia muy importante. No tenemos un sistema tributario que traslade los costos del servicio a la tasa, para eso se necesitaría una reforma tributaria local profunda", advirtió el edil.
Al respecto, Boasso sentenció: "Esto es un mal ensayo, producto de que a la administración municipal los fondos nunca le van a ser suficientes porque no es eficiente en el gasto. Es una idea netamente economicista, más propia del menemismo que de políticas socialistas".
