El accidente laboral que causó la muerte de un albañil de 20 años en la obra en construcción de Dorrego y 9 de Julio ya estaba en la mira de la provincia. La viceministra de Trabajo santafesino, Alicia Ciciliani, reveló ayer que el obrador había sido clausurado en dos oportunidades por no reunir los requisitos de seguridad para los trabajadores. "Hay empresas que responden a una cultura irresponsable y desleal", disparó la funcionaria y adelantó que la provincia demandará penalmente a la firma constructora De Paoli-Trosce Construcciones, a cargo del emprendimiento.

Leonardo Ezequiel Meza falleció anteayer al caer desde un séptimo piso en construcción. El joven oriundo de Villa Gobernador Gálvez tenía 19 años y colaboraba como carpintero en la obra. Al parecer, se habría desplomado al vacío cuando se encontraba trasladando materiales hacia una planta superior.

Se trató de la quinta muerte en Rosario en lo que va del año y de la decimoprimera en toda la provincia en el rubro. Ayer, sus compañeros y los integrantes de la Agrupación Manos a la Obra cortaron la esquina de 9 de julio y Dorrego para repudiar la muerte y exigir mayores medidas de seguridad.

La protesta tuvo el dolor y el impacto que producen estos hechos. Más aún, el titular de la ONG, Narciso Canteros, se quedó semidesnudo para graficar cómo trabajan muchos operarios en los edificios de Rosario.

"Esto tiene que terminarse de una vez por todas porque acá se prioriza lo constructivo y no lo preventivo. Me dicen que el compañero estaba con el arnés pero no enganchado, porque había que comprar un cabo que costaba 300 pesos y la empresa no lo hizo porque considera a la seguridad como un gasto", indicó el dirigente, que se quitó toda la ropa menos el calzoncillo para llamar aún más la atención con un cartel que rezaba "Así nos hacen trabajar". Fue una mañana de batucada y de susto. Canteros tuvo una descompensación y debió acudir una ambulancia para asistirlo.

Acción penal. La provincia ya tenía en la mira a De Paoli-Trosce Construcciones. La esquina de Dorrego y 9 de Julio ya había sido inspeccionada en cuatro oportunidades y acarreaba dos clausuras por falta de elementos de seguridad. Con la muerte de anteayer se decretó la tercera suspensión. En este caso se detectó la falta de barandas reglamentarias y los accesos inseguros a la obra. También faltaban cubrir huecos que tornaban la estructura peligrosa.

"Hay que castigar a quienes tienen un comportamiento criminal. Como gobierno hemos hecho la denuncia penal y como Ministerio de Trabajo nos presentamos en el juicio como parte interesada", detalló Ciciliani al considerar que el Estado "no puede tener un inspector como un gendarme en cada obra en construcción, porque el riesgo cambia todos los días".