La Municipalidad presentará mañana ante la Jefatura de Gabinete de la Nación, la documentación que exige el decreto que faculta a la Casa Rosada a enviar ayuda financiera en forma directa a los municipios del país. "Serán unos 200 millones de pesos que servirán para reforzar los planes de cloacas, bacheo, pavimentación y las tareas sociales que se desarrollan en los barrios", enumeró la secretaria de Hacienda municipal, Verónica Irízar al considerar que "será difícil decirle que no a la segunda ciudad de la Argentina porque iría en contra de los mismos preceptos que el decreto nacional ha promovido".
El pedido que dejará Rosario por mesa de entradas de la Jefatura de Gabinete se funda en los alcances de la resolución 13 de este año (y ya publicada en el Boletín Oficial) que reglamentó el decreto 2609 del año pasado en donde se informa a los municipios cómo proceder para solicitar ayuda financiera.
El monto difundido en un primer momento por la Nación asciende a casi 6 mil millones de pesos para todo el país, como consecuencia de un ahorro presupuestario nacional del año pasado. De ese monto, 4.500 millones fueron aportados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) y 1.479 millones, por el Banco Central.
Y en principio ya se habrían liberado unos 1.100 millones de acuerdo al artículo 3 del decreto que faculta "a la Jefatura de Gabinete de ministros, a través de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa, a otorgar a los gobiernos municipales ayuda financiera para la ejecución de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones".
Por mesa de entradas. "La documentación que presentaremos el martes (por mañana) responde a la solicitud de las proyecciones de ingresos y gastos presupuestarios del municipio para 2013, el estado de deuda del municipio, datos poblacionales, la cuenta a transferir los fondos, y luego en caso que se otorgue una revisión de cuentas de lo otorgado", resumió Irízar.
La funcionaria aclaró que "en ningún lado del decreto ni de la reglamentación dice taxativamente que sea obligatorio otorgarlo, pero veo difícil que a la segunda ciudad del país se niegue algo que iría en contra de lo que promueve la norma", es decir una ayuda directa de Nación a municipios.
El reclamo. Para la funcionaria los fondos que le corresponden a la ciudad en materia de coparticipación rondan los 200 millones de pesos y se basan en la ejecución del gasto que hace el municipio en el sistema de salud, promoción social e infraestructura.
"De mil pesos en impuesto a las ganancias que cada contribuyente rosarino paga, recibe solamente 1,20 peso", comparó Irízar para argumentar a favor de la cifra solicitada a la cartera que conduce Juan Manuel Abal Medina.
Destino de los fondos. En caso de que la Nación acceda al pedido de financiamiento directo a Rosario, los fondos irán para mantener la infraestructura urbana pero también para aportar a las acciones contra la inseguridad que se delinearon en la reunión que la intendenta Mónica Fein tuvo con las bancadas políticas del Concejo Municipal (ver aparte).
"El impuesto al cheque no se coparticipa en un 100 por ciento, y habría que finalizar con el mecanismo de detracción que sigue realizando Ansés luego del pacto fiscal de 1996. Desde 1994 debería existir una nueva ley de coparticipación. Todo esto deja a Rosario en una situación compleja en cuanto a financiamiento. Y cada vez hay que dar respuesta a nuevas incumbencias como la Guardia Urbana Municipal (GUM), las videocámaras o tareas de poda y escamonda que contribuyen a la seguridad. Todos temas en donde la Intendencia destina fondos, pero no tiene competencia única", recalcó.
Descentralizar. Entre los considerandos del decreto se señala la necesidad de "políticas y acciones de Estado que permitan fortalecer los niveles subnacionales de mayor descentralización, estableciendo las debidas facultades para poder implementar mecanismos de asistencia económica y financiera destinados a mejorar la eficacia, la capacidad de respuesta y el resultado de la gestión por parte de los gobiernos municipales".
Dentro del plazo de 270 días, contados a partir de los fondos transferidos, la autoridad municipal deberá remitir a la Nación los formularios de rendición de cuentas.
La documentación original respaldatoria deberá encontrarse a disposición por el plazo de diez años, para la realización de las auditorías. El decreto fue aprobado a comienzos de año por la comisión bicameral donde la oposición cuestionó el uso discrecional de la ayuda directa a municipios.
